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La CIDH reprende a Panamá por el uso de la fuerza en las protestas sociales

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Washington, 9 nov (EFE).- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llamó este jueves la atención al Gobierno panameño por el uso de violencia en las manifestaciones que se están produciendo en el país y que han dejado al menos cuatro muertos.

“Es deber del Estado respetar, proteger, facilitar y garantizar la protesta social, tomando en consideración que el hecho de que algunas personas participen en actos de violencia no vuelve ilegítima a la protesta ni autoriza a las fuerzas de seguridad a disolver la manifestación mediante el uso de la fuerza”, apuntó el organismo en un comunicado.

Por ello, recordó que “la protesta social es un elemento esencial para la existencia y consolidación de sociedades democráticas y para la defensa de los derechos humanos, y comprende el ejercicio de la libertad de expresión, reunión pacífica y asociación”.

Cuando la protesta social se enmarca dentro de demandas o cuestionamientos a medidas gubernamentales o asuntos de interés público, éstas se encuentran especialmente protegidas por el artículo 13 de la Convención Americana”, recordó el organismo.

La cuestionada renovación del contrato minero de Minera Panamá, filial de la canadiense First Quantum Minerals, tiene sumido a Panamá en una oleada de protestas que se han cobrado la vida de al menos cuatro personas, además de dejar pérdidas millonarias por el corte de carreteras en el país.

La aprobación en apenas tres días de ese polémico contrato el pasado 20 de octubre desató una oleada de protestas, las mayores en las últimas décadas, lideradas por ambientalistas, jóvenes y sindicatos.

La situación obligó a las autoridades a buscar una salida a la crisis con una moratoria minera, que prohíbe otorgar nuevas concesiones de minería metálica y paraliza las que están en trámite, una de las exigencias de los manifestantes, pero las protestas continúan.

“Cuando algunas personas cometen actos de violencia en el contexto de una protesta, deben ser individualizadas, pero los demás manifestantes conservan su derecho a la reunión pacífica”, insistió el organismo con sede en Washington.

Además, la actuación de la fuerza pública para impedir detener hechos de violencia debe realizarse “de acuerdo con los protocolos respectivos y de conformidad con los requisitos de necesidad, proporcionalidad y, legalidad, en línea con los estándares sobre la materia”.

La CIDH llamó también al Estado panameño, gobernado por el presidente Laurentino Cortizo, a brindar el máximo nivel de garantías para que los periodistas realicen su trabajo durante protestas sociales, y asegurar que no sean agredidos, amenazados o limitados de cualquier forma por estar ejerciendo su profesión.

“En situaciones de conflictividad social, el rol de la prensa es fundamental al tener la responsabilidad de informar sobre los hechos a toda la población”, insistió.

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