La Cámara Baja acusa de desacato a secretarios de Justicia y Comercio

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Washington, 17 jul (EFEUSA).- La Cámara Baja federal acusó hoy de desacato al secretario de Comercio, Wilbur Ross, y al fiscal general del país, William Barr, por haberse negado a entregarles documentos que expliquen por qué querían incluir la pregunta sobre ciudadanía en el censo de población de 2020.

Por 230 votos a favor y 198 en contra -incluidos los de todos los legisladores republicanos-, la Cámara de Representantes aprobó una resolución impulsada por los demócratas contra esos dos miembros del gabinete del presidente, Donald Trump.

No obstante, la votación es más que nada simbólica, porque la consecuencia que podría tener sería la apertura de un proceso judicial contra Barr y Ross, y esa decisión correspondería o bien al fiscal federal del Distrito de Columbia o bien al Departamento de Justicia.

No se espera que el Departamento de Justicia acceda a investigar a su líder, pero la medida volvió a dejar clara la indignación de los demócratas ante los intentos de la Casa Blanca de añadir la pregunta sobre ciudadanía al censo, que ya han fracasado a raíz de una decisión contraria del Tribunal Supremo.

La Casa Blanca tachó de “ridícula” la votación, y la definió como “otro intento ilegal de acosar al presidente y a su Administración”.

“Los demócratas saben que no tienen ningún derecho legal de ver estos documentos, pero su política vergonzosa y cínica no conoce límites”, dijo en un comunicado la portavoz de la Casa Blanca, Stephanie Grisham.

Antes de la votación, Barr y Ross habían enviado una carta a la presidenta de la Cámara Baja, la demócrata Nancy Pelosi, en la que le pedían no seguir adelante con la medida.

“Con esta acción, la Cámara Baja está socavando innecesariamente la cortesía entre las distintas ramas (de poder) y degradando la separación constitucional de poderes y su propia integridad institucional”, escribieron Barr y Ross en la carta.

El voto abre también la posibilidad de que los demócratas lleven ante los tribunales al Gobierno de Trump, o pidan a las cortes que examinen la constitucionalidad de su recurso al “privilegio ejecutivo”, una figura destinada a proteger la capacidad de los asesores del presidente de darle consejos de forma “cándida”.

Trump ha recurrido a ese mecanismo tanto para proteger documentos sobre el censo como para bloquear la petición de la oposición demócrata de acceder a la versión sin tachaduras del informe del fiscal especial Robert Mueller sobre la trama rusa.

En 1974, durante el escándalo Watergate que entonces afectaba al presidente Richard Nixon, el Tribunal Supremo limitó notablemente la capacidad de los mandatarios estadounidenses de recurrir a ese poder para prevenir la entrega de datos al Congreso.

La Casa Blanca renunció la semana pasada a la posibilidad de añadir la pregunta sobre ciudadanía en el censo, algo que según expertos habría rebajado sustancialmente la participación de muchos inmigrantes, lo que habría resultado en un recuento de la población que no habría incluido a alrededor de 6,5 millones de personas.

Del censo depende el trazado de los distritos electorales para la Cámara de Representantes, por lo que ese cambio podría haber resultado en la reducción de la representación de los demócratas una vez que se dibujara el mapa de nuevo en 2021.

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