Washington, 24 nov (EFE).- El Departamento de Justicia recurrirá el sobreseimiento del caso del exdirector del FBI James Comey y el de la fiscal general de Nueva York, Letitia James, porque una jueza determinó que el nombramiento de la fiscal a cargo de ambos casos fue ilegal.
“Hubo una jueza que claramente intentó proteger a Leticia James y James Comey de rendir cuentas y por eso tomaron esta medida sin precedentes de desestimar las acusaciones contra estas dos personas, pero el Departamento de Justicia apelará muy pronto”, declaró la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.
Una jueza federal desestimó el caso de ambos tras considerar que “no fue válido” el nombramiento de la fiscal interina del Distrito Este de Virginia, Lindsey Halligan, a quien el presidente, Donald Trump, escogió para liderar los procesos contra dos de sus oponentes políticos.
“Dado que la señora Halligan no tenía autoridad legal para presentar la acusación, voy a conceder la moción del señor Comey y desestimar la acusación sin perjuicio”, escribió McGowan Currie.
Al desestimar sin perjuicio, la Fiscalía podrá volver a presentar cargos en un futuro una vez corregidos los errores que motivaron la desestimación, pero la Casa Blanca parece haber optado por intentar revocar esta sentencia.
“Nuestra postura es que Lindsey Halligan ha sido nombrada legalmente y está altamente cualificada”, aseguró la portavoz.
Por su parte, Comey reaccionó con un vídeo publicado en su cuenta de instagram en la que advirtió que posiblemente Trump irá detrás de él nuevamente.
Halligan fue nombrada por Trump como fiscal federal interina de Virginia el 22 de septiembre, luego de que su antecesor, Erik Siebert, renunciara por aparente presión del presidente tras cuestionar la solidez de las evidencias para seguir adelante con los casos contra Comey y James.
Solo tres días después, la fiscal presentó la imputación contra el exjefe del FBI, convertido en crítico acérrimo de Trump.
Semanas más tarde, levantó cargos por fraude bancario y supuestamente mentir a una institución financiera contra James, que lideró una demanda civil en Nueva York contra Trump, sus hijos adultos y la Organización Trump, que resultaron en una sentencia de 500 millones de dólares en 2024.