Los Ángeles, 25 jun (EFE).- El procesamiento penal de delitos de inmigración ha aumentado durante la Administración del presidente Joe Biden en un 65 % de acusaciones que buscan condenas de cárcel, en especial para aquellos migrantes que regresan a EE.UU. después de ser expulsados, según un informe dado a conocer este martes por la Universidad de Syracuse.
De menos de 1.500 acusaciones mensuales emitidas por el Departamento de Justicia (DOJ, en inglés) en enero de 2021, los casos saltaron a casi 3.000 en marzo de 2024, con ciertas fluctuaciones a la baja en algunos meses de ese periodo, según el análisis de la Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC), un grupo de investigadores de la universidad neoyorquina.
Las últimas cifras disponibles -de febrero a abril de 2024- muestran un aumento del 21 % en las acusaciones por delitos relacionados con la inmigración, comparado con el mismo periodo del año pasado.
El informe advierte que estos aumentos “pueden continuar” dado el anuncio del DOJ en mayo pasado sobre el incremento de esfuerzos para procesar los delitos relacionados con la inmigración a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México.
Las acusaciones en las cortes se han registrado en las tres categorías analizadas: ingreso ilegal a EE.UU., reingreso después de una expulsión o deportación y acusaciones por ayudar a sabiendas a un extranjero a ingresar o permanecer ilegalmente en el país.
Sin embargo, se ha registrado un mayor aumento en los procesos penales contra inmigrantes que reingresan al país de forma irregular tras ser deportados o expulsados. Los investigadores registraron un aumento del 57 % los primeros tres meses de la Administración Biden (febrero-abril de 2021) y el último período de tres meses (febrero–abril de 2024).
“Estos delitos han representado consistentemente la mayor proporción y ahora representan alrededor de dos tercios de todos los procesos penales de inmigración”, señala el reporte.
La mayoría de las acusaciones federales por delitos de inmigración ocurren en los cinco distritos a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México, siendo el Distrito Oeste de Texas, que incluye las ciudades de El Paso y San Antonio, el que impulsó la mayor parte del aumento reciente en la presentación de estos delitos menores, seguido por Arizona.