Washington, 5 ago (EFE).- Un jurado de Minesota (EE.UU.) consideró este viernes que no hubo ninguna violación de derechos civiles en el caso de un farmacéutico que se escudó en sus creencias religiosas para no vender la píldora anticonceptiva a una mujer que iba con receta.
Aun así, el jurado sí que ha visto que le infligió un daño emocional y la mujer recibirá una indemnización de 25.000 dólares.
La demandante Andrea Anderson presentó una querella civil contra el farmacéutico George Badeaux en 2019 después de que tuviera que hacer un viaje de ida y vuelta de más de 100 millas (casi 161 kilómetros) para comprar la llamada píldora del día después, ante la negativa de este boticario a venderle ese medicamento.
En aquel momento, la farmacia de Anderson era la única en McGregor, la localidad donde reside Anderson, una madre de cinco hijos que tuvo que recurrir a la píldora anticonceptiva después de que el preservativo de su pareja se rompiera durante el acto sexual.
Sin embargo, Badeaux, que ha trabajado en ese establecimiento durante cuatro décadas y que es un predicador local, rechazó dispensarle el medicamento, al alegar que esto violaría sus “creencias”, de acuerdo a documentos judiciales.
“Badeux le informó de que habría otro farmacéutico trabajando al día siguiente que podría estar dispuesto a darle la medicación, pero que no le podía garantizar que le ayudaría”, indican los escritos judiciales difundidos por la prensa local.
El boticario también advirtió a la mujer de que no fuera a otra farmacia situada en un pueblo próximo y no le quiso decir en qué otros lugares podría intentarlo.
Anderson ha anunciado que apelará el veredicto del jurado ante la corte de apelaciones de Minesota.
En un comunicado, publicado por medios locales, Anderson señaló que no todo el mundo tiene la capacidad de viajar cientos de millas para lograr el medicamento que le han recetado.
Pese a que este caso se remonta a 2019, el veredicto se conoce en un momento de especial relevancia en EE.UU. en el campo de los derechos reproductivos, después de que el Tribunal Supremo del país revocara las garantías legales al aborto.