Miami (EE.UU.), 28 ago (EFE).- La jueza federal Kathleen Williams ha rechazado la petición del Gobierno de Donald Trump de suspender su orden para desmantelar el centro de detención de inmigrantes 'Alligator Alcatraz', ubicado en medio de una reserva ambiental en Florida, mientras continúa la apelación federal.
El Departamento de Seguridad Nacional había solicitado frenar la medida alegando que, de cumplirse, perturbaría la capacidad del gobierno federal para hacer cumplir las leyes de inmigración.
Sin embargo, Williams reiteró la noche del miércoles que su fallo, emitido la semana pasada, debe cumplirse en un plazo de 60 días, tiempo en el que deben cesar las operaciones del polémico centro, construido en tiempo récord en una antigua pista aérea en medio del humedal de los Everglades, un parque nacional.
“El proyecto estaba afectando negativamente al medioambiente, estaba controlado en gran medida por el gobierno federal y los demandados no realizaron ningún análisis ambiental antes de construir y poner en funcionamiento la instalación·, reiteró la jueza en su decisión, según los archivos judiciales a los que tuvo acceso EFE.
La magistrada aclaró además que la orden incluye “a quienes actúan en concierto o participación activa con el estado de Florida o los acusados federales o sus oficiales, agentes o empleados”.
Esta semana, sin embargo, el director de Manejo de Emergencias de Florida, Kevin Guthrie, confirmó que la instalación, inaugurada el 1 de julio por el presidente Donald Trump, pronto quedará vacía: “la pista aérea convertida pronto tendrá cero detenidos”, aseguró.
Williams falló de forma parcial a favor de los grupos ambientales Friends of The Everglades y Center for Biological Diversity, además de la tribu Miccosukee, que presentaron una demanda para exigir el cierre completo e inmediato del lugar por dañar los Everglades, área natural con 36 especies endémicas amenazadas, como panteras, cigüeñas, caimanes y cocodrilos.
La orden prohíbe instalar cualquier infraestructura adicional como tiendas de campaña, dormitorios, edificios u oficinas, así como pavimentar, excavar o cercar el lugar, e impide “traer a cualesquiera personas adicionales al sitio que no estuvieran ya detenidas en el sitio al momento de la orden”.
Denuncian “condiciones atroces” en el centro
Mientras tanto, una segunda demanda, presentada por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y otros grupos, denuncia “condiciones atroces” en el lugar, entre ellas la falta del agua suficiente, plagas de mosquitos y acumulación de desechos tras el desborde de los baños improvisados en las carpas.
También alega que los contratistas privados, que manejan gran parte de la operación, carecen de autoridad legal para hacerse cargo de las detenciones migratorias.
El zar fronterizo de la Casa Blanca, Tom Homan, criticó la decisión de la jueza en declaraciones a Fox News. “Creo que esta jueza no fue al lugar a recorrer la instalación, porque pienso que la decisión es mala”, dijo, y defendió que el centro cuenta con alojamientos “limpios y bien mantenidos”.