Washington, 10 jun (EFE).- Una jueza de Texas impidió temporalmente que el estado investigue a familias de niños transgénero que han recibido atención médica para reasignación de su género este viernes, lo que implica un nuevo obstáculo para que el estado califique dichos tratamientos como “abuso infantil”.
La decisión de la jueza de la corte de distrito del condado de Travis, Jan Soifer, de dar la razón a las tres familias que demandaron marca una victoria, aunque temporal, para los tejanos transgénero desde que el estado comenzó a investigar los tratamientos de reasignación de género para menores como un abuso infantil a principios de este año.
Los abogados de las familias que iniciaron este trámite dijeron que la orden se extiende a todos los miembros del grupo de defensa sin fines de lucro para los aliados de las personas LGBTQ, conocido como PFLAG.
“Que las familias de Texas estén protegidas de investigaciones invasivas, innecesarias y desconcertantes por parte del Departamento de Familia y Servicios de Protección de Texas (DFPS) simplemente por ayudar a sus hijos transgénero a prosperar y ser ellos mismos es algo muy bueno”, escribió en Twitter el director ejecutivo de PFLAG, Brian Bond.
No obstante, el activista señaló que este tipo de investigaciones no deberían de estar sucediendo.
Es la sexta vez en lo que va de año que un tribunal de Texas falla a favor de los jóvenes transgénero y sus familias, según señaló en un comunicado Adri Pérez, estratega de políticas y defensa de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, en inglés) de Texas.
“La Justicia y los tejanos están de acuerdo: usar el sistema de bienestar infantil como arma contra las familias causa un daño irreparable”, recalcó en el texto Pérez.
Todavía no se sabe si el estado apelará o no contra la decisión tomada hoy.
El estado ha abierto al menos nueve investigaciones sobre familias con niños transgénero desde finales de febrero, según The Dallas Morning News.
El pasado febrero, el fiscal general Ken Paxton emitió una opinión no vinculante que decía que ciertos tratamientos para la reasignación de género en menores, incluidos los bloqueadores de la pubertad y la terapia hormonal, eran abuso infantil.
Citando esta opinión, el gobernador Greg Abbott ordenó a los servicios de protección infantil que investiguen los informes de menores que reciben estos tratamientos.