Los Ángeles (EE.UU.), 12 jun (EFE).- Un juez federal se mostró escéptico este jueves sobre la legalidad del despliegue de la Guardia Nacional en California ordenado por el presidente Donald Trump, en respuesta a las manifestaciones contra las redadas migratorias en Los Ángeles, en su mayoría pacíficas.
En la audiencia en el Tribunal del Distrito Norte de California en San Francisco, el juez federal Charles Breyer advirtió que Estados Unidos se formó como “respuesta” a una monarquía y que la Constitución establecía límites al presidente.
“Esa es la diferencia entre un Gobierno constitucional y el Rey Jorge”, dijo Breyer, para agregar que “no es que un líder simplemente diga algo y se convierta en realidad”.
El juez evalúa la demanda presentada el lunes pasado por el gobernador Gavin Newsom contra el Gobierno de Trump, después de que el presidente desplegara a 2.000 soldados de la Guardia Nacional de California el sábado pasado, una cifra que duplicó el martes cuando también sumó 700 marines para cuidar los edificios federales y ayudar a contener las manifestaciones.
Trump no contó con la autorización del gobernador, lo que supone la primera vez en 60 años que el Ejecutivo estadounidense desconoce la autoridad estatal sobre las fuerzas.
Breyer cuestionó al Departamento de Justicia por la decisión de la Casa Blanca de no contar con la aprobación de Newsom, a lo que los abogados del Ejecutivo respondieron que los gobernadores sólo son “conductos” para cumplir las órdenes del presidente, por lo que no necesitan ser consultados.
El juez no pareció convencido con la respuesta del Gobierno Trump y dijo que entregaría pronto su decisión.
En la demanda, Newsom y el fiscal de California, Rob Bonta, han argumentando que con el despliegue la Administración “abusó de la autoridad del gobierno federal y violaba la Décima Enmienda” de la Constitución en un intento de derrocar las bases de la democracia del país.
Trump justificó su decisión en un mitin el martes pasado en Fort Bragg, la mayor base militar en suelo estadounidense, al asegurar que los disturbios son “un ataque total a la paz, al orden público y a la soberanía nacional”, esto a pesar de que los pocos actos vandálicos registrados han sido controlados.
Las manifestaciones en Los Ángeles comenzaron el viernes pasado después que el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) realizara una serie de operativos contra trabajadores y se han prolongado por cuatro días.
Newsom ha aclarado que aunque se reportaron algunos incidentes violentos e ilegales, que llevaron a arrestos “justificados” por parte de las autoridades estatales y locales, “estas protestas fueron en gran medida pacíficas” e involucraron a ciudadanos que ejercieron su derecho a protestar, amparado por la Primera Enmienda.
El gobernador, al igual que la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, han subrayado que la policía ha logrado controlar la situación, como en otros casos recientes de disturbios.
El despliegue total de los casi 5.000 soldados tendrá un costo de 134 millones de dólares que cubrirán transporte, alimentación, alojamiento y otros gastos hasta un máximo de 60 días, según cifras compartidas por el Pentágono.