Los Ángeles (EE.UU.), 31 jul (EFE).- El juez federal que tiene a cargo el caso penal contra Kilmar Abrego García ordenó este jueves al Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, que debe moderar los comentarios públicos contra el migrante salvadoreño para garantizar un juicio justo.
El salvadoreño, quien pasó casi tres meses en una prisión en El Salvador tras ser enviado allí “por error” y fue traído de regreso a EE.UU. , está actualmente detenido en Nashville, Tennessee, donde el Gobierno lo llevó para que enfrentara un proceso por presuntamente transportar a personas indocumentadas dentro de EE.UU.
En la orden emitida este jueves, el juez Waverly Crenshaw dijo que “para garantizar” que Abrego reciba un juicio justo, todos los abogados y las partes están sujetos a las normas que prohíben las declaraciones extrajudiciales que puedan interferir con el juicio justo de un acusado.
“Todos los abogados y quienes trabajen con ellos deben asegurarse de que cualquier comunicación pública adecuada incluya que la acusación solo contenga alegaciones”, indicó el magistrado.
Agregó que la Constitución exige que Abrego se presuma inocente a menos que y hasta que un jurado demuestre su culpabilidad más allá de toda duda razonable.
Los abogados de Abrego, quien ha vivido por más de una década en Maryland (EE.UU.) junto a su esposa e hijos, se quejaron ante el juez por los comentarios “incendiarios” que la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, ha dicho sobre el salvadoreño.
“Tiene un historial de toda una vida de tráfico de personas y de aprovecharse de menores, solicitándoles pornografía, fotos de ellos desnudos, abusando de su esposa, abusando de otros inmigrantes ilegales, extranjeros que estaban en este país, mujeres que estaban bajo su cuidado mientras él las traficaba”, dijo Noem en una conferencia de prensa en Nashville hace dos semanas.
“Es un ser humano horrible y un monstruo, y nunca debería ser liberado”, añadió la secretaria.
Otros funcionarios de la Administración también han tachado al inmigrante salvadoreño de “criminal peligroso”.
Los abogados de Abrego García afirmaron que esos comentarios tenían el potencial de “manchar el jurado” y poner en peligro a Abrego García y a su familia.
“La intervención del Tribunal es necesaria para proteger el derecho del Sr. Abrego a un juicio justo, su seguridad y la integridad de estos procedimientos”, pidieron los abogados en el escrito.
El caso de Abrego consiguió notoriedad entre los opositores al Gobierno de Trump y grupos en defensa de los derechos humanos, tras ser enviado a una cárcel de máxima seguridad de El Salvador junto a cientos de venezolanos.
Su expediente se convirtió en un ejemplo de los “abusos” por parte de la Administración republicana a migrantes en medio de su plan de deportaciones masivas.
En respuesta, el Ejecutivo emprendió una campaña mediática para vincularlo con la pandilla MS-13, a pesar de que no había sido acusado -hasta entonces- de delitos en Estados Unidos.
El salvadoreño formó parte de los más de 200 migrantes -en su mayoría venezolanos- que fueron expulsados de EE.UU. y enviados a la prisión de alta seguridad del CECOT en El Salvador sin posibilidad de apelar ante una corte, en lo que grupos en defensa de los derechos humanos han calificado como “desaparición forzada”.