Juez de Guatemala procesa a 6 militares retirados por caso “Diario Militar”

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GUATEMALA JUSTICIA

Ciudad de Guatemala, 9 jun (EFE).- Un juez guatemalteco procesó este miércoles a seis militares retirados de un total de 12 implicados en el caso “Diario Militar”, por su presunta participación en las capturas ilegales, tortura, asesinatos y desapariciones forzadas de 183 opositores políticos entre 1983 y 1985.

El juez titular del juzgado de Mayor Riesgo “B”, Miguel Ángel Gálvez, concluyó que “existen los indicios racionales suficientes” para dictar el “auto de procesamiento” en contra de los seis militares retirados por la supuesta comisión de asesinato en grado de tentativa, asesinato, desaparición forzada y delitos contra los deberes de humanidad.

En su resolución, Gálvez aseguró que la desaparición forzada es un delito que “rompe esquemas y permanece hasta que se conoce el paradero de la víctima” y también lamentó que dentro del concepto de “enemigo interno” utilizado por el Ejército durante el conflicto armado (1960-1996) se tuvieran bajo ese término al menos 28 niñas, niños y adolescentes.

Los exmilitares dirigieron e integraron estructuras de contrainsurgencia del Estado de Guatemala, como la Dirección de Inteligencia Militar, conocida como D-2; el Departamento de Investigaciones Técnicas (que fichaba opositores políticos); la Brigada de Operaciones Especiales de la Policía Nacional; y la red de inteligencia clandestina del Estado Mayor Presidencial, conocida como “El Archivo”.

El caso tomó el nombre de un documento castrense nombrado “Diario Militar” o “Dossier de la Muerte” desclasificado en mayo de 1999 por el Archivo Nacional de Seguridad (NSA, en inglés), con sede en la Universidad George Washington, en Estados Unidos, que contenía información de las organizaciones contrarias al Gobierno y más de 183 personas consideradas enemigas internas de Guatemala.

A FASE INTERMEDIA

De los 12 detenidos inicialmente el pasado 27 de mayo y 1 de junio, el juez Gálvez solo proceso a seis, pues el resto fueron internados en centros sanitarios debido a problemas de salud presentados al momento de ejercer su captura.

Los seis sujetos de proceso que deberán enfrentar la parte intermedia en el Juzgado de Mayor Riesgo “B”, que definirá en los siguientes meses si deben ser enviados o no a juicio, son: Jacobo Esdras Salán Sánchez, exsubjefe del Grupo de Adiestramento y Operaciones Especiales Kaibil y miembro de la D-2, entre septiembre de 1983 y marzo de 1985.

También, los exespecialistas de la Dirección de Inteligencia Militar José Daniel Monterroso Villagrán y Edgar Virgilio de León Sigüenza, quien además fue parte del Departamento de Investigaciones Técnicas (DIT) de la Policía Nacional; quienes están exentos de los delitos de asesinato y asesinato en grado de tentativa a diferencia del resto.

Además, procesó al exespecialista de “El Archivo” Enrique Cifuentes de la Cruz, así como los exespecialistas y pilotos de vehículos de “El Archivo”, Edgar Corado Samayoa y Rone René Lara.

Entre los demás capturados destaca el general retirado Marco Antonio González Taracena, que dirigió la red de inteligencia clandestina de “El Archivo”, según precisó a Efe una fuente interna de la investigación.

El juez Gálvez subrayó que uno de los testimonios incorporados al proceso por parte de la Fiscalía es el de Aura Elena Farfán, fundadora de la Asociación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos de Guatemala (Famdegua), galardonada en 2018 por el Departamento de Estado de EE.UU. como “Mujer de Coraje”.

Gálvez enfatizó que en la búsqueda de su hermano Rubén Amílcar Farfán, desaparecido en mayo de 1984, Aura Elena consiguió una audiencia con el presidente de entonces, Óscar Humberto Mejía Víctores (1983-1986), a quien le rogó por su liberación, pero la respuesta del mandatario fue: que se lo habían llevado “por comunista y agregó: “Yo mataría a mi madre si estuviera metida en babosadas”.

El conflicto armado interno de Guatemala, que enfrentó a la guerrilla y el Ejército entre 1960 y 1996, dejó un saldo de 200.000 víctimas y 45.000 desaparecidos, con más del 90 % de los casos atribuidos al Estado y sus estructuras paralelas, según un informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico de la ONU.