Juez de EEUU ratifica pago a demandantes en caso de expresidente de Bolivia

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JUSTICIA

Miami, 6 abr (EFE News).- Un juez de Estados Unidos ratificó una sentencia que ordenó en 2018 al expresidente de Bolivia Gonzalo Sánchez de Lozada y al exministro Carlos Sánchez Berzaín el pago de una compensación por 10 millones de dólares tras un juicio por las muertes ocurridas durante las protestas indígenas de 2003 que llevaron al fin del Gobierno del primero.

Una corte de distrito de Broward, al norte de Miami, había fijado la indemnización para los indígenas demandantes tras el juicio en el que un jurado los halló “responsables” de las muertes de ocho personas durante las protestas conocidas como “Octubre negro”.

Sin embargo, el juez que presidió el caso contra el expresidente y el exministro, James Cohn, anuló la decisión del jurado y los demandantes apelaron en 2019.

El juez Cohn consideró en 2018 que los demandantes no deberían ser indemnizados porque no había pruebas de la responsabilidad de los Sánchez en las muertes.

A pesar de ello, en agosto de 2020 el Tribunal de Apelaciones del Onceavo Circuito anuló el fallo del tribunal de distrito y remitió el caso a esa misma corte para que continuara con los procedimientos.

Entre tanto, los acusados presentaron un recurso para anular el veredicto del jurado y la indemnización por daños, pero el juez lo rechazó este lunes.

Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín señalaron hoy en una declaración enviada a Efe su “desacuerdo” con el fallo y su decisión de apelar.

“No es la decisión final en este caso”, aseguraron.

“Confiamos en el proceso y creemos que la sentencia se revertirá cuando los hechos se examinen cuidadosamente bajo el estándar legal adecuado”, subrayaron.

Entre tanto, el Centro de Derechos Constitucionales (CCR), uno de los grupos que acompañó la demanda en Estados Unidos, aplaudió este martes el fallo “a favor de los familiares de las personas que perdieron su vida en la masacre”.

La decisión “envía un mensaje importante: que los gobernantes que cometan abusos de derechos humanos tendrán que rendir cuentas”, dijo en un comunicado de CCr Thomas Becker, un abogado de la Red Universitaria para los Derechos Humanos.

“Esta noticia me trae tanta felicidad”, dijo Hernán Apaza, cuya hermana Roxana murió durante las protestas de 2003.

“Mantuvimos la esperanza durante tantos años a pesar de tantos obstáculos para la justicia. Finalmente, aquellos que cometieron estos crímenes atroces rendirán cuentas”, agregó.

El juicio civil, que fue considerado el primero sobre derechos humanos contra un exjefe de Estado, se amparó en la Ley de Protección a Víctimas de Tortura (TVPA), que autoriza demandas en tribunales federales de EE.UU. por ejecuciones extrajudiciales.

Sánchez de Lozada, miembro del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), fue presidente de 1993 a 1997 y luego asumió un segundo mandato el 6 de agosto de 2002, que ejerció hasta su renuncia del 17 de octubre de 2003.