Ciudad de México, 28 feb (EFE).- La ministra presidenta del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), Norma Piña, rechazó este viernes que jueces tuvieran acuerdos con algunos de los 29 capos de la droga extraditados el jueves a Estados Unidos para ser liberados, como señaló antes el jefe de seguridad mexicano, Omar García Harfuch.
En un comunicado oficial, la también presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de México reafirmó su compromiso con la justicia y el Estado de Derecho y animó al titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a actuar mediante vías legales de existir irregularidades en el actuar de jueces.
Su postura ocurre luego de que García Harfuch admitiera en una conferencia de prensa que los 29 narcotraficantes mexicanos fueron extraditados por el riesgo de ser liberados por jueces o que sus procesos de extradición fueran retardados.
“El Gabinete de Seguridad cuenta con información que existía un riesgo de que algunos de estos objetivos solicitados por el Gobierno de Estados Unidos fueran liberados o siguieran atrasándose sus procesos de extradición derivado de acuerdos con algunos jueces que buscaban favorecerlos como ya se había hecho en otras ocasiones y durante muchos años”, mencionó García Harfuch.
Ante estas afirmaciones, la CJF negó cualquier insinuación sobre el proceder de los jueces y reiteró su disposición a que, en caso de existir pruebas sobre presuntas irregularidades, se proceda conforme a derecho sin excepciones.
“En tales condiciones, en un Estado de Derecho lo conducente es acudir a las instancias correspondientes”, insistió.
El tema del traslado de personas solicitadas por el Gobierno de Estados Unidos ha sido un punto clave en la cooperación bilateral en materia de seguridad; aunque se han documentado casos en los que extradiciones han sido detenidas o revertidas mediante resoluciones judiciales, generando confrontaciones por la solidez de los casos por las autoridades ministeriales.
Esta diferencia ocurre en medio de la implementación de la reforma judicial que pretende, el 1 de junio próximo, elegir por voto popular a la mitad de los jueces y magistrados del Poder Judicial mexicano, así como a los nueve nuevos ministros de la Suprema Corte, entre otros órganos, lo que también ha avivado la discusión sobre la independencia judicial en el país.