Investigarán el cierre de la oficina de la autoridad eléctrica en Canovanas

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PUERTO RICO ELECTRICIDAD

San Juan, 12 mar (EFEUSA).- El presidente de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, Carlos Méndez, junto a los representantes Ángel Bulerín y Javier Aponte, presentaron una resolución con el propósito de investigar el propuesto cierre e la oficina comercial de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) situada en Canóvanas, en el norte de la isla.

“Según la información que se nos ha brindado, la AEE tiene dentro de sus planes el cerrar la oficina comercial que ubica en el Municipio de Canóvanas. Dicha oficina brinda importantes servicios como lo son el cobro de facturas, las órdenes de servicios y las reclamaciones de facturación, entre otros. De concretarse el cierre antes señalado, muchísimos ciudadanos y pequeños comerciantes se verían seriamente afectados, al quedar desprovistos de un lugar accesible en el cual puedan llevar a cabo las numerosas diligencias que se efectúan en la antes aludida oficina gubernamental”, señala la pieza legislativa.

La medida, presentada el pasado 7 de marzo, ordena a la Comisión de Desarrollo Integrado de la Región Noreste de la Cámara Baja investigar, además, los posibles efectos que tendría dicho cierre para la ciudadanía que asiste a recibir servicios en la misma, al igual que buscar alternativas para que la oficina comercial permanezca en dicho municipio.

En la resolución se destaca que, de concretarse la clausura en Canóvanas, las oficinas comerciales de la AEE más cercanas serían las de Carolina y Fajardo.

“Entendemos que la Autoridad de Energía Eléctrica busca conseguir economías en sus labores, pero estamos seguros que puede haber otras alternativas. A modo de ejemplo, quizás se podría reubicar la oficina comercial a un lugar donde no pague renta, como lo sería otra oficina pública, estatal o municipal. Esta medida investigativa provee la oportunidad de buscar opciones para atender la situación”, añadieron los representantes en la resolución.

La antes mencionada Comisión tendrá un periodo de hasta unos 90 días para realizar la investigación correspondiente y emitir un informe sobre sus hallazgos.

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