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Investigarán a exjefe Educación de Puerto Rico por pagos a inmuebles vencidos

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San Juan, 20 mar (EFE).- El Departamento de Justicia informó este lunes que el Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI) acogió investigar al exsecretario de Educación Eligio Hernández por autorizar el pago por arrendamiento de propiedades cuyos contratos estaban vencidos.

Una querella que tuvo su origen en una carta remitida par la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) al secretario de Justicia, Domingo Emanuelli, fue lo que llevó a designar un fiscal especial independiente para investigar a Hernández y otros funcionarios de Educación.

Emanuelli recibió la carta de la JSF, y tras investigar los señalamientos, recomendó la designación de un FEI.

El reclamo del ente fiscal fue que el Departamento de Educación desembolsó ilegalmente una cantidad considerable de fondos públicos ascendentes a cientos de miles de dólares, para el pago por inmuebles arrendados cuyos contratos no estaban vigentes.

Los funcionarios y exfuncionarios a ser investigados, además del exsecretario, son Osvaldo Guzmán López, exsubsecretario de Administración; Carlos M. Malavé Irizarry, secretario auxiliar de la Oficina de Servicios Auxiliares, y Evelyn Rodríguez Carde, directora de Finanzas del Departamento de Educación.

El Panel designó para la pesquisa a fondo al licenciado Manuel E. Núñez Corrada como FEI y al licenciado Emilio E. Arill García como fiscal delegado.

Según se desprende del informe de investigación criminal preliminar realizado por la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor (Dipac), la JSF, a través de su asesor legal, licenciado Jaime A. El Kaury, remitió al secretario de Justicia los hallazgos de la evaluación de varios contratos de Educación.

Culminada la investigación de la Dipac, la prueba recopilada tiende a demostrar que los aludidos funcionarios pudieron haber incurrido en varias violaciones a los Artículos 262 v 264 del Código Penal.

El Panel justipreció el informe de la Dipac con la prueba referida y les concedió a los mencionados fiscales el término de 90 días para profundizar en la pesquisa.

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