Tijuana (México), 20 mar (EFE).- Dos oficiales del Instituto Nacional de Migración (INM) de México, incluyendo al encargado de la estación migratoria de Tijuana, en la frontera con Estados Unidos, están bajo investigación por delitos relacionados con corrupción y trata de personas, informaron este miércoles autoridades.
La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, confirmó en una conferencia de prensa informaciones en los medios sobre el arresto el 29 de febrero y posterior liberación de María Elizabeth Paredes y Marte Antonio Camacho, quien desde hace 15 años es encargado de la estación migratoria del INM en Tijuana.
Ávila señaló que dicha información fue obtenida gracias a las mesas de seguridad en las que la delegación de la Fiscalía General de la República (FGR) “comparte la información en relación a la investigación que ellos han venido desarrollando”.
El pasado 29 de febrero dicha institución realizó una inspección en un domicilio de una zona residencial en el sur Tijuana, que limita con California (EE.UU.), por labores de inteligencia que indicaban que ahí se realizaban actividades relacionadas con extorsión y secuestros, según una información proporcionada a EFE por la FGR.
Los agentes de la FGR encontraron a los dos funcionarios, además de “15 cartuchos calibre 9 milímetros, uno de ellos con punta expansiva, 1.000.090 pesos (59.458 dólares) y 27.000 dólares”.
También descubrieron cuadernos con anotaciones de los cobros que hacían a los migrantes que ingresaban al estado de Baja California con la intención de cruzar a Estados Unidos.
Camacho también desempeñó funciones de control migratorio en los filtros de los aeropuertos de Tijuana y Mexicali, ambas ciudades de Baja California fronterizas con Estados Unidos.
Tras la inspección, la FGR abrió la carpeta de investigación FED/BC/TIJ/0000550/2024 y puso a ambos funcionarios del INM a disposición de la autoridad, pero en la audiencia inicial “el juez Óscar Saúl Cortez Ortiz decretó ilegal la detención” y ordenó su libertad inmediata, aunque la indagatoria sigue abierta.
La gobernadora señaló que los oficiales “venían trabajando desde hace ya varias administraciones, salieron libres y nuevamente (se presenta) ese tema, de los jueces que dejan en libertad (a los presuntos criminales)”.
“Es un tema federal y se hará cargo la Fiscalía General de la República”, sentenció.
La fiscal general de Baja California, María Elena Andrade, también confirmó los hechos, al reiterar que lo señalado “fue del fuero federal”, por lo que las autoridades federales “llevaron a cabo su procedimiento, su investigación, la detención derivada de ese cateo y judicializaron ante el juez federal a las personas”.
“Ha habido unas libertades que ellos, la Fiscalía de la República, consideran de manera inconsistente, y fue lo que sucedió en este caso”, puntualizó.