Washington, 11 abr (EFE).- Dirigentes de pueblos indígenas en el suroeste de Estados Unidos pidieron hoy al presidente Joe Biden que designe el Gran Cañón como monumento nacional y reclamaron una veda permanente a la minería en esa región de Arizona.
“Este es un momento importante en el tiempo”, afirmó Edmond Tilousi, vicepresidente del pueblo Havasupai en una conferencia de prensa en Arizona. “Desde tiempo inmemorial nuestros ancestros han poblado esta región”.
La senadora federal Kyrsten Sinema y el representante Raúl Grijalva, ambos demócratas de Arizona, expresaron su apoyo a las iniciativas en el Congreso de Estados Unidos para una prohibición de la explotación minera en el Cañón, de 427 kilómetros de largo.
“Esta lucha jamás es fácil. Como nación estamos en debate constante acerca de cómo proteger nuestras tierras. La Cámara de Representantes ha aprobado leyes que prohíben la minería, pero el Gobierno de (el ahora expresidente Donald) Trump ha bloqueado estos esfuerzos”, dijo Grijalva.
“Ahora que hay una mayoría republicana en la Cámara la amenaza y el peligro son mayores que nunca”, agregó el legislador. “Ellos consideran el Cañón como una materia prima para la explotación y la venta por su avaricia desenfrenada”.
El nombre que los pueblos nativos asignaron al posible monumento nacional es una combinación de las lenguas Havasupai y Hopi: “Monumento Nacional del Gran Cañón Baaj Nwaavjo I’tah Kukveni”.
Richard Graymountain, concejal del pueblo Paiute, y Richard Begay, de la nación Navajo, llamaron la atención en particular a la explotación de uranio en la formación natural abierta por el Río Colorado en Arizona.
Tim Nuvangyaoma, de la nación Hopi, señaló que el Gran Cañón “es un regalo que el Creador nos dio, y no solo para las naciones tribales con una conexión profunda con la tierra, sino un regalo para Estados Unidos, para el mundo entero”.
“Debemos proteger la belleza de la tierra a la cual llamamos nuestro hogar”, agregó. “Para el pueblo Hopi el Cañón es nuestro legado y el presidente Biden debería usar la Ley de Antigüeddes para protegerlo”.
La minería de uranio en el Parque Nacional del Gran Cañón se inició en la década de 1950 y cuando los precios del mineral se elevaron a mediados de la década de 2000, numerosas compañías concurrieron en la región para extraerlo.
Hacia finales de esa década había miles de concesions mineras en tierras públicas que rodean al parque nacional.
Tilousi recordó “con gran tristeza que en 1927 el Gobierno federal ordenó la remoción de la tribu” en esa región pero dijo que “estamos orgullosos porque jamás dejamos el Gran Cañón”.
“Conocemos este sitio íntimamente, es parte de nuestro hogar, nuestra tierra, nuestra fuente de agua”, añadió. “Y el Cañón atrae cada año millones de visitantes”.
Desde 2012 una orden de retirada de la minería de 20 años ha impedido nuevos esfuerzos por abrir aproximadamente 405.000 hectáreas (1 millón de acres) para la minería, pero esta es una medida temporal y las compañías mineras presionan para que se levante esa orden cuanto antes.
Según Grand Canyon Trust, a mayo del año pasado había todavía casi 600 concesiones mineras en bosques nacionales y otras tierras públicas en torno al Gran Cañón a pesar de los repetidos intentos en el Congreso para vedar las explotaciones de manera permanente.