Ciudad de México, 3 abr (EFE).- Una semana después de que 39 migrantes murieran en un incendio en un centro de detención del Instituto Nacional de Migración (INM) mexicano, persisten las incógnitas acerca de cómo sucedió, las posibles negligencias y la responsabilidad del Estado.
Estas son las seis claves para entender qué ha sucedido desde que el fuego se desatara en la estación migratoria de la fronteriza Ciudad Juarez (Chihuahua) el pasado lunes 27 de marzo:
LOS HECHOS
La noche del pasado lunes, después de una jornada de detenciones de migrantes en Ciudad Juárez, cerca de 70 personas permanecían retenidas en la estación migratoria, donde 39 de ellos fallecieron tras desatarse un incendio de causas todavía por determinar en el interior de la instalación gubernamental.
Según el relato oficial, el fuego lo iniciaron los propios migrantes al quemar unos colchones como protesta al enterarse de que iban a deportarlos.
El conteo oficial de fallecidos empezó en 37 y fue variando en diversas ocasiones entre la incertidumbre de familiares y amigos de quienes estaban bajo custodia. También hubo 28 heridos graves, de los que cuatro han sido dados de alta y 24 continuan hospitalizados, algunos con pronósticos delicados.
Entre los muertos hay seis hondureños, siete salvadoreños, 18 guatemaltecos, siete venezolanos y un colombiano
2. PRESUNTAS NEGLIGENCIAS
Horas después del suceso se filtró un video que en 32 segundos muestra cómo los agentes a cargo del centro de detención huyeron del lugar sin atender a los migrantes, mientras la estancia se llenaba de humo.
Esto ha abierto la puerta a especulaciones acerca de la presunta negligencia y omisión de los trabajadores, entre los que se encontraban empleados del INM y de la empresa de seguridad privada Camsa.
Según testimonios de migrantes, en la estación estaban detenidas personas que tenían regularizada su estancia en México.
3. LA INVESTIGACIÓN JUDICIAL
La Fiscalía General de la República (FGR) asumió el caso, que hasta ahora se ha saldado con cinco detenciones: dos guardias de la empresa de seguridad privada, tres funcionarios del INM y el migrante que supuestamente inició el fuego. Hay un tercer empleado de la compañía que no ha sido localizado.
Pero en las diversas comparecencias de la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, y la fiscal especializada en materia de derechos humanos, Sara Irena Herrerías, han evitado dar detalles sobre la investigación alegando que las pesquisas están en proceso.
Ambas aseguraron que “no habrá impunidad” y que la investigación llegará “hasta donde toque”, refiriéndose a la posible repercusión en altos cargos gubernamentales.
4. LA RESPUESTA DEL GOBIERNO
Ante las múltiples organizaciones de derechos humanos que han denunciado la responsabilidad del Gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha respondido con ambigüedad.
El pasado martes definió el centro de detención como un “albergue” y responsabilizó a los migrantes de la tragedia, para días después asegurar que el suceso le “conmovió” y le “partió el alma”.
En su visita el pasado viernes a Ciudad Juarez, López Obrador evitó atender los reclamos de los migrantes que le recibieron con protestas y gritos de “¡Justicia!”.
5. UNA POLÍTICA MIGRATORIA REPRESIVA Y A MERCED DE EE.UU.
La muerte de los 39 migrantes sucede en medio de las críticas hacia México por su política migratoria represiva y alineada con la de Estados Unidos, país al que aspiran llegar la mayoría de quienes transitan por territorio mexicano.
A inicios de año, el Gobierno de López Obrador aceptó recibir a 30.000 migrantes mensuales procedentes de Cuba, Haití, Venezuela y Nicaragua, uno de los motivos que han saturado la frontera.
Según organizaciones civiles mexicanas, 2022 fue, con 900 muertos, el año más trágico para los migrantes en México.
6. HISTORIAL DE TRAGEDIAS MIGRATORIAS
No es la primera vez que un centro de detención del INM es el foco de una tragedia. Además de las denuncias de hacinamiento, insalubridad y violaciones de derechos humanos, en los últimos años ocurrieron dos casos similares, en los estados de Tabasco y Coahuila, en los que solo hubo un muerto.
A finales de 2019, en una estación de la sureña ciudad de Tapachula (Chiapas), un migrante haitiano murió tras 20 días sin recibir atención médica.