San Juan, 18 jul (EFE).- La Federación LGBTQ+ de Puerto Rico anunció este viernes que impugnará en los tribunales la recién firmada ley que criminaliza a los profesionales de la salud por realizar terapias de afirmación de género a los menores trans.
La nueva ley, firmada esta semana por la gobernadora de la isla, Jenniffer González, establece una pena de reclusión de 15 años, una multa de 50.000 dólares y la revocación de las licencias de los profesionales de la salud que realicen a menores de 21 años estas terapias.
“La Legislatura y la gobernadora nos obligaron a tener que recurrir a los tribunales para impugnar la Ley 63 del 2025 que atenta contra el bienestar de menores trans”, dijo en un comunicado Iván Andrés López, vicepresidente de la Federación.
López explicó que no hubo vistas públicas para analizar la medida y se ignoraron a las entidades médicas profesionales.
La ley “pone en peligro no tan sólo a menores trans, sus padres y madres, sino a los profesionales que cumplan con su deber y les atiendan”, aseveró.
El Colegio de Médicos Cirujanos, la Asociación de Psicología, el Colegio de Profesionales del Trabajo Social, la Asociación Puertorriqueña de Consejería Profesional y el Colegio de Abogadas y Abogados, entre otras organizaciones, habían pedido que se vetara la medida.
“Con esta ley, están obligando a la clandestinidad a menores trans y sus familias. Les están negando una oportunidad de vida, una esperanza de poder ser atendidos por profesionales de la salud que velen por su bienestar”, dijo Ivana Fred Millán, directora de la Federación.
El Consejo Asesor de la Federación estará coordinando la respuesta legal a las dos leyes que se han aprobado este año que laceran los derechos de las personas LGTBI en Puerto Rico: La Ley 63 y la Ley 14 del 2025, que legaliza la discriminación con la excusa de la libertad religiosa.
“Como persona no binaria que llevo más de tres años accediendo a cuido médico de afirmación de género, puedo confirmar que este cuido me ha salvado la vida”, afirmó Kari Claudio Betancourt, directore de la Tejedora y parte del Consejo Asesor.
“Siento una tristeza profunda por la juventud trans y de género no conforme en Puerto Rico que no va a poder acceder a este cuido y por les proveedores médicos que son aliados de nuestra comunidad, quienes serán penalizades por ejercer su profesión”, subrayó.
Por su parte, la también integrante del Consejo Asesor, la licenciada Claudia Fontanet-Rodríguez, denunció que la nueva ley “levanta grandes cuestionamientos de índole constitucional”, ya que el derecho a la intimidad y la prohibición a la discriminación por sexo surge explícitamente de su texto.