Miami, 26 sep (EFE).- Una impugnación legal contra el pacto multimillonario firmado por Florida con la tribu Seminola en 2021, que les abría las puertas a las apuestas deportivas virtuales, además de expandir los juegos de azar, escaló este martes hasta el Supremo del estado.
Dos compañías competidoras de los Seminolas, Magic City Casino, de Miami, y Bonita Springs Poker Room (en el suroeste), presentaron hoy una solicitud para que la Corte Suprema de Florida se oponga a que esta tribu pueda implementar las apuestas deportivas en línea, como parte del acuerdo alcanzado con el estado.
La petición a la máxima instancia judicial de Florida se produce después de que un tribunal de apelaciones de EE.UU. denegase la solicitud de impugnación de los propietarios de las dos compañías citadas, y revocase una decisión de noviembre de 2021 de un juez federal que había bloqueado el acuerdo del estado de Florida con esta tribu.
La demanda presentada contra el gobernador de Florida, Ron DeSantis; el presidente de la Cámara de Representantes, Paul Renner, y la presidenta del Senado, Kathleen Passidomo, sostiene que el primero se excedió en su autoridad al aceptar el pacto y que viola una enmienda constitucional de 2018 aprobada por los votantes del estado.
El republicano DeSantis y el presidente de la tribu Seminola del estado, Marcellus Osceola, habían firmado en 2021 un acuerdo de juego por una duración de 30 años que incluía otorgar a la tribu el control de las apuestas deportivas.
Un acuerdo que fue demandado en tribunales por West Flagler Associates, que opera Magic City Casino, en Miami, y Bonita-Fort Myers Corporation, que controla la sala de póquer Bonita Springs, recogió el canal WKMG TV.
Los demandantes argumentan que el plan de apuestas deportivas viola la ley federal y causaría un “impacto significativo y potencialmente devastador” en sus operaciones.
El polémico pacto firmado por el estado de Florida que autorizaba a la tribu de los seminolas, propietaria de un famoso casino y hotel cerca de Miami, a manejar apuestas deportivas, añadiría a las arcas estatales un mínimo de 2.500 millones de dólares en los próximos cinco años.
DeSantis aseguró entonces, tras la firma, que la aprobación de este “histórico pacto de juegos” por el Gobierno federal era un “gran negocio para el estado”.
Pero, ese mismo año, el juez Dabney Friedrich falló en un tribunal de Washington contra el nuevo pacto de apuestas deportivas.
Friedrich señaló en noviembre de ese año que el acuerdo violaba la Ley Federal de Regulación del Juego Indígena porque permitía que las apuestas se realizaran en línea desde cualquier lugar del estado.
El magistrado señaló entonces en su dictamen que la ley de juegos requiere que cualquier modalidad autorizada por el estado se lleve a cabo en tierras tribales, por lo que calificó de “ficción” la explicación de que los servidores informáticos que procesan las apuestas están ubicados en zonas de la tribu.