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Grupos de derechos promueven educación legal a inmigrantes presos en Luisiana

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Washington, 9 ago (EFE).- La Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) y organizaciones de derechos civiles anunciaron hoy un programa en Luisiana para educar a los inmigrantes indocumentados detenidos sobre su derecho a buscar protección en los tribunales migratorios.

“ACLU en Luisiana y nuestros colaboradores están preocupados de que las personas detenidas por las autoridades de migración no conozcan sus derechos legales básicos”, afirmó Nora Ahmed, directora legal de la organización en ese estado.

Los inmigrantes, añadió, tienen derecho a buscar una protección ante los tribunales federales mediante el recurso de habeas corpus.

“Los centros de detención en Luisiana son muy numerosos y geográficamente dispersos, y el actual Programa de Orientación Legal no brinda información alguna relacionada con los derechos de la gente a recurrir a un tribunal federal”, dijo Ahmed.

Un informe de ACLU que examinó las condiciones en 173 centros de detención del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) encontró que la agencia “ha restringido sistemáticamente las formas de comunicación entre abogados e inmigrantes detenidos”.

Según ese informe, en 20 % de los centros de detención a los que los investigadores llamaron nadie tomó la llamada o los operadores se rehusaron a responder preguntas sobre el acceso de los detenidos al asesoramiento de abogados.

“Por lo menos 58 centros de detención del ICE no permiten que los abogados programen llamadas telefónicas para hablar con un cliente detenido en una fecha y hora determinadas”, de acuerdo con ACLU.

Anthony Enríquez, del centro Robert F. Kennedy para los Derechos Humanos, indicó que “la detención de inmigración es la piedra fundamental de la encarcelación en masa en Estados Unidos, y Luisiana tiene más detenidos que cualquier otro estado excepto Texas”.

“Cada año el Gobierno federal, a las calladas, despacha miles de inmigrantes que bregan por no ser deportados a una red de prisiones privadas en áreas rurales de Luisiana, cortándoles el acceso a sus abogados, familiares y grupos de apoyo”, añadió.

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