Miami, 24 jun (EFE).- Organizaciones civiles y abogados migratorios alertaron este martes de crecientes “peligros” para los migrantes tras el fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos que autorizó el lunes al Gobierno del presidente Donald Trump seguir, por ahora, con las deportaciones a terceros países.
La Asociación de Abogados Americanos de Inmigración (AILA, en inglés) cuestionó que la Corte haya “permitido a la Administración de Trump eludir su obligación constitucional de proveer el debido proceso” a los “no ciudadanos que afrontan una deportación a países con los que no tienen una conexión previa”.
Esto es “esencialmente una luz verde a tener deportaciones secretas, incluyendo a países que se consideran peligrosos”, advirtió en un pronunciamiento este martes Jeff Joseph, presidente de la AILA, que agrupa a más de 16.000 abogados migratorios.
America’s Voice (AV), que busca una reforma para regularizar a los once millones de indocumentados en Estados Unidos, también criticó a la Corte Suprema por permitir a la Administración Trump reanudar las expulsiones de inmigrantes a terceros países, como Sudán del Sur y El Salvador.
Argumentó que esto se suma a otras tácticas de las deportaciones masivas del Gobierno, como el despliegue de agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), que “sin identificación” están “violentamente deteniendo y deportando a estudiantes, trabajadores, miembros de la comunidad e, incluso, ciudadanos estadounidenses”.
“Ahora no solo serán secuestrados de nuestras calles, sino que podrían ser deportados a peligrosos terceros países con impunidad y sin el debido proceso”, manifestó Vanessa Cárdenas, directora ejecutiva de America’s Voice.
La decisión del máximo tribunal también despertó atención internacional porque suspende la orden de un juez federal que mantenía detenida la deportación de ocho inmigrantes a Sudán del Sur, incluyendo dos cubanos y un mexicano.
El juez federal Brian Murphy, de Massachusetts, había determinado el mes pasado que la Administración de Trump violó una orden que le impedía deportar a los ocho inmigrantes a un país donde pueden padecer tortura sin darles la oportunidad a una defensa legal adecuada.
Los demandantes en este caso avisaron que persistirán en su defensa de estos ochos migrantes, quienes permanecen en un contenedor en una base naval estadounidense en Yibuti.
“El fallo de la Corte Suprema deja a miles de personas vulnerables a la deportación a terceros países donde podrían afrontar tortura o muerte, incluso si las deportaciones son claramente ilegales”, comentó en un comunicado Leila Kang, defensora en el Northwest Immigrant Rights Project, que acompaña el caso.
La legislación estadounidense estipula que el Gobierno no puede deportar a migrantes a terceros países donde podrían estar en riesgo o padecer tortura.
Pero, para acelerar las deportaciones, Washington busca acuerdos con otros países para que acepten a migrantes expulsados del país sin importar su nacionalidad, como El Salvador.