Washington, 23 jun (EFE).- El Gobierno de Estados Unidos y defensores de los inmigrantes encomiaron este viernes la decisión del Tribunal Supremo que desechó una demanda de gobernadores republicanos contra una política del presidente Joe Biden sobre deportaciones.
En un fallo apoyado por ocho de los nueve magistrados, el Supremo dictaminó que los estados no tienen atribuciones para desafiar la autoridad del Gobierno federal en materia de inmigración.
Texas y Luisiana habían cuestionado las directrices del Gobierno federal que priorizan la deportación de extranjeros indocumentados considerados una amenaza para la seguridad pública o la seguridad nacional y restan énfasis al arresto y la deportación de extranjeros que no han cometido delitos.
“Aplaudimos el fallo del Tribunal Supremo. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) prevé restablecer estas directrices, que habían sido aplicadas efectivamente por oficiales del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) para enfocar recursos limitados y acciones policiales en aquellos que representan una amenaza para nuestra seguridad nacional, seguridad pública y seguridad fronteriza”, dijo el titular del DHS, Alejandro Mayorkas.
Añadió que las directrices “permiten al DHS cumplir de la forma más efectiva su misión de hacer cumplir la ley con las autoridades y recursos provistos por el Congreso”.
“La decisión de hoy, arraigada en el principio constitucional de separación de poderes, sustenta el principio sensato de que los tribunales no deben interferir con las decisiones de agencias policiales como el DHS “, indicó a su vez Kate Melloy Goettel, directora del American Immigration Council.
“El rechazo de las calificaciones de Texas para plantear esta querella envía un fuerte mensaje del Supremo en el sentido de que los tribunales no deben inmiscuirse en la dirección de las decisiones de las agencias ejecutivas”, añadió.
David Leopold, asesor legal de la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración (AILA), calificó el fallo del Supremo como “una victoria para el sentido común sobre el caos, y un golpe contra el uso que los republicanos hacen de las vías judiciales” para interferir en el manejo de la inmigración.
“En los últimos tres años los gobernadores y fiscales generales republicanos han tratado de tomar control del sistema federal de inmigración. Afortunadamente, en este caso, el Tribunal Supremo les cerró la vía de las querellas judiciales”, añadió.
Por su parte Omar Jadwat, director en la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU), dijo que “la decisión rechaza drásticamente el intento mal encaminado de Texas y Luisiana para forzar al Gobierno (federal) en la aplicación de la política de inmigración más draconiana”.
El abogado Luis Cortés Romero, que participó en la defensa del programa de Acción Diferida para Los Llegados en la Infancia (DACA) ante la Corte Suprema, dijo por Twitter que la decisión del Supremo “podría tener implicaciones importantes” para defender el programa que cobija a casi 600.000 inmigrantes, y que se encuentra en medio de una querella judicial por una demanda encabezada por Texas”.