Gobierno salvadoreño defiende ley que da inmunidad a gestores de la pandemia

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EL SALVADOR PARLAMENTO

San Salvador, 6 may (EFE).- El ministro de Salud de El Salvador, Francisco Alabí, defendió este jueves una ley que da inmunidad a funcionarios gubernamentales y particulares ante cualquier acusación de corrupción en la gestión de la pandemia por coronavirus, la cual fue aprobada el martes por la Asamblea Legislativa de El Salvador.

El funcionario señaló, en una entrevista en un canal local, que la normativa “no se trata de una ley de inmunidad para ningún funcionario” y enfatizó que “no se trata de una ley para evitar o disimular cosas incorrectas”.

“Es una ley que nos permitirá tener todo lo necesario para enfrentar la pandemia”, dijo.

La nueva norma establece que la inmunidad se aplicará “ante cualquier reclamo” de irregularidades en la compra de tratamientos médicos para atender la covid-19 y, al ser retroactiva, da inmunidad ante casos de corrupción cometidos desde el inicio de la pandemia.

Establece que se dará inmunidad a los “proveedores de servicios en salud tales como médicos, farmacéuticos, enfermeras, organizaciones hospitalarias y los que trabajan en el sector de la salud”, según el artículo 4 de la iniciativa.

También incluye al “fabricante, el titular de la autorización de comercialización y/o el distribuidor del producto o servicio para tratamientos médicos, ya sea nacional o extranjero”.

La norma añade un amplio listado de actividades relacionadas con el desarrollo, administración, uso de un producto o servicio para tratamientos médicos.

La ley, presentada a petición del presidente Nayib Bukele, fue aprobada con 63 votos de los 84 diputados y lleva por nombre “Ley para el Uso de Productos para Tratamientos Médicos en Situaciones Excepcionales de Salud Pública Ocasionada por la pandemia covid-19”.

El Gobierno salvadoreño enfrentaba diversas investigaciones por el supuesto uso irregular de fondos estatales destinados a la atención de la covid, al menos hasta antes del 1 de mayo, cuando en un proceso polémico, la Asamblea Legislativa destituyó al fiscal Raúl Melara y a los jueces de la Corte Suprema de Justicia.