San Juan, 20 oct (EFE).- El gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, confirmó que Eduardo Pierluisi, cuya residencia y oficina el FBI en la isla allanó este jueves por una presunta investigación criminal, es un primo tercero suyo, pero que no le preocupa “lo más mínimo”.
El FBI, el Departamento de Vivienda federal y la Oficina del Inspector General de Estados Unidos participaron en el allanamiento en el bufete de abogados y vivienda de Eduardo Pierluisi, así como en la compañía de Walter Pierluisi, ambos familiares del gobernador.
“Confirmo que sí somos parientes, pero no tengo información alguna sobre el motivo del allanamiento, quién es la tarjeta (sospechoso) o el objetivo de esa investigación que aparentemente está en curso. No tengo detalle alguno”, señaló el mandatario en declaraciones a los medios.
En este contexto, Pierluisi precisó que el FBI nunca contactó con él para adelantarle información sobre los allanamientos porque “esa no es la práctica de la agencia” y tampoco tuvo comunicación con su pariente.
“Al igual que en cualquier otra investigación federal, mi administración va a cooperar a cabalidad”, sentenció.
Durante su incumbencia como gobernador, otras figuras importantes del gobernante Partido Nuevo Progresista que han sido investigados y acusados por las autoridades por diversos cargos criminales, incluyendo corrupción y extorsión, son la exgobernadora Wanda Vázquez y los exalcaldes Ángel Pérez y Félix “El Cano” Delgado.
Vázquez (2019-2021) fue arrestada el 4 de agosto pasado por el FBI en su residencia y acusada en un esquema de soborno relacionado con su campaña electoral de 2020.
La exsecretaria de Justicia entre 2017 y 2019 enfrenta cargos por conspiración, soborno a programa federal y fraude electrónico en servicios honestos, en un caso en el que también están acusados el banquero Julio Herrera y el exagente del FBI Mark Rossini, que se encuentran en el Reino Unido y España, respectivamente.
Vázquez, Herrera y Rossini podrían ser condenados, de ser declarados culpables, a una pena máxima de 20 años en prisión.
Herrera, con doble nacionalidad venezolana e italiana, era propietario del banco Bancredito International Bank, que operaba en San Juan, mientras que el exagente Rossini brindó servicios de consultoría al banquero.
Según la acusación formal, Herrera y Rossini supuestamente pagaron más de 300.000 dólares a asesores políticos en apoyo a la campaña de Vázquez a cambio de que ella despidiera al comisionado de la agencia reguladora de instituciones financieras OCIF, que investigaba su banco.
Se alega que Vázquez aceptó la oferta de soborno y, en febrero de 2020, tomó medidas oficiales para exigir la renuncia del comisionado y nombrar en el cargo a un exconsultor del banco internacional propiedad de Herrera.