Fiscales republicanos buscan rescatar la carga pública de Trump en el Supremo

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JUSTICIA

Miami, 30 mar (EFE News).- El fiscal general de Texas, Ken Paxton, encabezó este martes una coalición de 14 estados ante la Corte Suprema en defensa de la regla de “carga pública” del expresidente Donald Trump después de que instancias inferiores rechazaran su intento de rescatar esta medida antiinmigrante.

Paxton aseguró que los contribuyentes de Texas pagan “cientos de millones de dólares” al año para atender a los inmigrantes indocumentados, por lo que consideró necesaria la “carga pública”, una ley federal que prohíbe la inmigración de extranjeros que probablemente dependan de programas gubernamentales financiados por los contribuyentes.

Anteriormente, un condado de Illinois y la organización sin fines de lucro Casa Maryland demandaron en enero de 2020 a la Administración Trump desafiando la regla de “carga pública”, y el tribunal bloqueó su aplicación.

El caso finalmente llegó a la Corte Suprema, donde el Gobierno federal, tras la llegada del presidente Joe Biden, rechazó defenderla, por lo que la “carga pública” dejó de estar vigente y se suspendieron los procesos judiciales relacionados con ella.

Ante esta decisión del Gobierno, Texas y los otros estados conservadores buscaron primero defender la regla en la corte de apelaciones del Séptimo Circuito, pero su pedido fue denegado, por lo que ahora recurren directamente ante la Corte Suprema.

Como en la demanda previa, Alabama, Arizona, Arkansas, Indiana, Kansas, Kentucky, Luisiana, Misisipi, Montana, Ohio, Oklahoma, Carolina del Sur y Virginia Occidental acompañan a Texas en este nuevo intento de obstaculizar la agenda de inmigración de Biden.

“Sin la regla de carga pública, nuestro presupuesto de Medicaid y otros servicios vitales se disparará y se reducirán demasiado, lo que les costará a los contribuyentes millones más y reducirá la calidad del servicio que podemos brindar”, dijo Paxton.

Al igual que Trump, los fiscales de estos estados consideran necesaria esta medida que facilita el rechazo de inmigrantes legales con bajos ingresos que puedan convertirse en una carga pública en el futuro, o retirar el permiso de residencia legal a los que posteriormente accedan a programas de ayuda y dependan de ellos para subsistir.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) define como carga pública a todo individuo que pueda potencialmente depender del Gobierno como fuente primaria de subsistencia, lo que se demostraría con la recepción de dinero de origen público como sustitutivo de renta.

Estos beneficios públicos incluyen asistencia alimentaria, vales de ayuda de vivienda y programas que subsidian el costo de los medicamentos, entre otros.

Eso supuso que miles de migrantes rechazasen solicitar beneficios públicos a los que tenían derecho por miedo a posibles consecuencias en su intento de lograr la residencia permanente en el país.