Washington, 6 may (EFE).- El fiscal general de Texas, Ken Paxton, quien ha hecho fama con sus demandas contra el Gobierno federal, lanzó una investigación contra el Colegio de Abogados del estado luego de afirmar que esa organización planea demandarlo por su impugnación de la elección presidencial de 2020.
“Me he enterado recientemente de que el Colegio de Abogados de Texas planifica demandarme por mi desafío histórico a la elección presidencial inconstitucional de 2020”, señaló una declaración de Paxton distribuida a los medios.
“Los veré a ustedes y a los izquierdistas que los controlan en la corte”, expresó.
Poco después la oficina del fiscal anunció que había iniciado una investigación al Colegio de Abogados por “facilitar el ingreso en masa de extranjeros ilegales” con sus donaciones a grupos que “alientan la inmigración ilegal en la frontera de Texas con México”.
Paxton, un republicano de 59 años de edad, inició 27 demandas legales contra el Gobierno del presidente demócrata Barack Obama (2009-2017), y desde que el también demócrata Joe Biden fue investido como presidente en enero de 2021, el fiscal texano se ha querellado 27 veces contra la Administración federal, 11 de ellas en relación con la inmigración.
En una de sus demandas, Paxton se sumó a la impugnación que el expresidente Donald Trump ha hecho sobre la elección presidencial de 2020, que dio el triunfo a Biden.
El julio del año pasado, 16 abogados -incluidos cuatro expresidentes del Colegio-, iniciaron una queja por ética contra Paxon con el argumento de que el fiscal había mostrado un patrón de conducta no profesional, incluida la demanda sobre las elecciones.
Los abogados sostuvieron que esa demanda era “frívola” y se había iniciado sin presentar evidencias, y el Tribunal Supremo de Justicia desechó el caso argumentando que Texas no era parte involucrada en el asunto.
En su querella más reciente contra el Gobierno del presidente Biden, Paxton pidió a un juez impedir un plan para que los agentes de asilo decidan si se otorga amparo a los migrantes, en lugar de que lo hagan los jueces de inmigración.
Esa medida del Gobierno federal debe entrar en vigor el 31 de mayo y la intención es aliviar el atraso de más de 1,7 millones de casos de pedidos de asilo, visas y otros trámites en el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS).