Miami (EE.UU.), 28 jul (EFE).- El fiscal general de Florida, James Uthmeier, anunció este lunes una investigación contra consultoras internacionales ambientales, a las que llamó un “cártel climático”, por presuntamente “coaccionar” a empresas a cambio de publicar indicadores favorables para las compañías.
La oficina del fiscal emitió citaciones para el CDP (conocido antes como el Climate Disclosure Project), la mayor plataforma internacional para medir la transparencia y las acciones ambientales de las empresas, y para la Science Based Targets Initiative (SBTi), que ayuda a las compañías a cumplir con el Acuerdo de París.
El Gobierno de Florida acusó a estas organizaciones de “violar leyes estatales de protección del consumidor o antimonopolios al coaccionar a las compañías para que divulgasen datos de propiedad y pagasen por acceso bajo el disfraz de la transparencia ambiental”.
“Activistas climáticos radicales han secuestrado la gobernanza corporativa y la han instrumentalizado contra el libre mercado”, señaló el fiscal en un comunicado.
Uthmeier enmarcó la investigación dentro de la lucha del Gobierno de Florida contra los criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG, en inglés), que sirven para fomentar la responsabilidad social de las empresas.
El CDP es una organización internacional sin fines de lucro a través de la que miles de compañías difunden sus indicadores ambientales, mientras que la SBTi es una iniciativa que desde 2015 ayuda a las compañías a fijar metas para reducir sus emisiones y cumplir con el Acuerdo de París.
Pero el fiscal floridano las acusó de “lucrar” con esta información.
“Florida no se quedará sentada mientras grupos internacionales de presión sacuden a las empresas estadounidenses para financiar su estafa ESG. Estamos usando cada herramienta de la ley para detener al cártel climático de explotar a los negocios y engañar a los consumidores”, expresó Uthmeier.
La investigación examinará prácticas comerciales “engañosas” de las organizaciones, como si han vendido servicios para que las empresas tengan mejores puntuaciones ambientales, si han creado incentivos para que las corporaciones paguen a cambio de un trato favorable, o si han mentido sobre la objetividad de los datos.
Florida aprobó una ley para prohibir a los funcionarios que inviertan dinero público para promover las metas ambientales, sociales y de gobernanza, y prohibir que se contemplen estos factores durante las inversiones, una de las legislaciones más agresivas contra las metas ESG en Estados Unidos.