Nueva York, 28 feb (EFE).- La huelga de guardianes carcelarios en más de treinta prisiones en el estado de Nueva York, que ha durado once días exigiendo mejores condiciones de trabajo, llegó a su fin, y los funcionarios volverán a sus puestos este sábado para evitar sanciones, pues el paro está prohibido para los empleados públicos.
El paro llevó a la gobernadora Kathy Hochul a movilizar más de 3.500 miembros de la Guardia Nacional para ayudar con las tareas de distribuir comida y medicamentos a los presos y ‘ayudar a mantener el orden general y el bienestar’.
‘Mi principal prioridad es la seguridad de todos los neoyorquinos y, durante los últimos 11 días, he desplegado todos los recursos estatales posibles para proteger el bienestar de los funcionarios penitenciarios, la población encarcelada y las comunidades locales’, indicó Hochul en un comunicado en que informó del fin de la huelga, que está acompañado por una carta del mediador independiente que logró el acuerdo, Martin F. Scheinman.
Entre los reclamos de los guardias figuraban mejores salarios, registros más intensos de los visitantes de las prisiones y que se revise la ley que limita el confinamiento solitario de los reos, puesta en marcha en marzo de 2022, aunque activistas y familiares han denunciado que no se cumple con ella.
Scheinman explicó en su memorando los acuerdos, durante un proceso de negociación que mostró que ‘la relación entre las partes y los trabajadores’ era ‘tensa’.
Los acuerdos incluyen un alza en el pago temporal de horas extras y que la Administración de Hochul finalice el estudio que hace sobre un posible aumento en la escala salarial.
Igualmente lograron que se ponga en pausa durante tres meses la ley que puso fin al confinamiento solitario, así como crear un comité para analizar las ineficacias operativas y de personal de cada instalación con miras a brindar mayor alivio al personal existente.
Durante la huelga falleció un reo en su celda pero se desconoce si la situación con el personal tuvo alguna relación. El grupo de abogados sin ánimo de lucro, Legal Aid Society, que le representaba, manifestó su preocupación, tras haber recibido ‘docenas de informes de clientes encarcelados en todo el estado sobre la falta de acceso a atención médica vital.