Los Ángeles, 19 mar (EFE).- Alirio Guillermo Belloso avisó el viernes pasado a sus familiares de que sería deportado a Venezuela, pero desde entonces no han vuelto a saber nada de él y necesitan confirmar si está en una cárcel para terroristas en El Salvador porque su rastro desapareció del sistema de Inmigración estadounidense.
“Es como si nunca hubiera estado detenido por Inmigración, nadie nos da información sobre él”, dijo a EFE su hermano Antonio Fuenmayor, que lleva varios días tratando de confirmar si fue parte de los cientos de venezolanos enviados por EE.UU. a El Salvador tras verlo en una foto en los medios.
“Lo que están haciendo es inhumano”, agrega Fuenmayor, que reside en Florida.
El drama de esta familia oriunda de Maracaibo (Zulia), comenzó el sábado pasado cuando se enteraron que el Gobierno del presidente Donald Trump había enviado a más de 200 venezolanos -que la administración republicana asegura que son miembros de la banda criminal Tren de Aragua- a una cárcel de máxima seguridad en El Salvador.
Una imagen compartida por el Gobierno de Nayib Bukele del migrante siendo rapado mientras está encadenado, confirmó lo que se temía.
“Eso es un abuso de poder claramente, mi sobrino enfrentaba una simple deportación, un tema civil porque él no ha sido acusado ni condenado por ningún crimen en Estados Unidos ni en Venezuela”, advierte a EFE en entrevista telefónica desde Venezuela Alixon Fuenmayor Vera, tío del inmigrante y abogado de profesión.
El abogado recalcó que los inmigrantes enviados a la cárcel salvadoreña tienen derecho a defenderse y conocer las acusaciones. Pero el Gobierno estadounidense se ha negado a contestar esas preguntas y ellos debieron enterarse por una foto.
El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés), que lo tenía bajo su custodia, no entregó información sobre el paradero del inmigrante a EFE y señaló que la solicitud se debe hacer a la Casa Blanca.
Varias familias de venezolanos consultadas por EFE temen que sus parientes estén detenidos en El Salvador y denunciaron que la información de estos ha desaparecido del sistema de ICE.
El silencio y hermetismo de la Administración Trump sobre estos operativos se ha mantenido incluso con un juez federal al que se ha negado este martes entregar detalles sobre el operativo amparado la ley de Enemigos Extranjeros, una norma de 1798 que no se ha usado desde la Segunda Guerra Mundial y que permite la expulsión de personas sin ciudadanía estadounidense sin vista judicial previa.
“Si no le quiere entregar información a un juez menos nos va a responder a nosotros”, lamenta el hermano del detenido.
De repartidor a enemigo de EE.UU.
El inmigrante de 30 años y padre de una niña fue detenido el pasado 17 de enero en un pequeño poblado de Utah, donde vivía con otros dos primos y trabajaba como repartidor, tras llegar al país por la frontera sur en 2023.
Estaba estacionado en una gasolinera cuando agentes que aparentaban ser policías llegaron a pedir documentación a varios latinos y él no pudo presentar una licencia de conducir.
Su hermano cuenta que tenía una cita en las oficinas del Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS, en inglés) para hacerse las huellas digitales una semana después de su arresto como parte de un proceso de asilo. “Todo ese proceso se quedó ahí estancado por tener unos tatuajes de su familia”, manifiesta.
Tras dos meses en un centro de detención para inmigrantes en Texas, el detenido ya había aceptado regresar a su país. “Quería reunirse con su mamá y seguir la lucha aquí junto a sus seres queridos”, explica el tío.
Pero la alegría de volverlo a ver se ha convertido en una pesadilla, ya que ni la familia en Venezuela ni su hermano en EE.UU. tienen la posibilidad de viajar a El Salvador para tratar de sacarlo de la cárcel. “Es un castigo por ser venezolano”, agrega Fuenmayor.
En este sentido, organizaciones como Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (Veppex) han pedido al Ejecutivo estadounidense “reconsiderar” la aplicación de la Ley de Enemigos Extranjeros a los venezolanos “de manera generalizada”.
En una carta al presidente Donald Trump, José Antonio Colina, presidente de Veppex, dijo que la norma “podría afectar injustamente a una comunidad que, en su mayoría, busca refugio y oportunidades en Estados Unidos tras escapar de una crisis humanitaria”.
“Le pido humildemente que las medidas se basen en pruebas específicas y procesos legales justos, dirigidas exclusivamente a los delincuentes y evitando castigos colectivos”, agregó.