Ciudad de México, 10 abr (EFE).- Colectivos de familias de personas desaparecidas clausuraron de manera simbólica el Senado mexicano porque la Cámara Alta negó las acusaciones del Comité contra la Desaparición Forzada (CED, por su sigla en inglés) de la ONU ante la crisis de desaparecidos en el país.
“Estamos acá hoy haciendo esta clausura simbólica del Senado porque también rechazamos este pronunciamiento que hace público el Senado, porque en lugar de estar con las familias, de preocuparse por nosotras, por esta crisis que hay en todo el país, sale con el rechazo a la ONU”, dijo a EFE la activista Ana Enamorado.
La mujer, quien busca a su hijo Óscar Antonio López desde hace 15 años, se pronunció así tras la postura del presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, quien el miércoles acusó al CED de intentar “descarrilar” al Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum por indagar la crisis de desapariciones en el país.
“Hoy estamos aquí para decirle a la ONU que gracias, que le agradecemos muchísimo y que vamos a estar con ellos y que no vamos a permitir que el Estado mexicano rechace la participación de ellos, de la ONU para que resuelvan, para que nuestros familiares regresen, porque eso es lo que queremos”, enfatizó.
En la protesta, colocaron en las puertas del inmueble las fotografías de sus familiares desaparecidos para visibilizar la crisis de más de 120.000 personas no localizadas que existe en México y acusaron al Gobierno mexicano de negar la problemática.
“Todo es una simulación para ellos y una falta de respeto hacia las familias y, sobre todo, hacia ellos que están desaparecidos. Nos están volviendo a desaparecer, negando las desapariciones”, lamentó María Salvador Coronado Navarro, quien busca a su esposo Mauricio Aguilar desde 2011.
El martes, la gobernante mexicana rechazó el diagnóstico del CED, que activó el viernes en carácter de urgente un procedimiento sobre México bajo el Artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.
Ese día, el presidente del CED, Olivier De Frouville, expuso que comenzó el proceso tras recibir “información fundamentada que indica que la desaparición forzada se lleva a cabo de manera general o sistemática en el territorio bajo jurisdicción de México”.
Ana Lucía Lagunes, quien busca a su hermano Ricardo desde enero de 2023, lamentó que el Gobierno niegue la crisis de desapariciones.
“(Quieren) hacer como que no existimos, como borrón y cuenta nueva y pues no, no estamos de acuerdo, no lo vamos a permitir”, manifestó.
Reconoció que siente rabia, pero al mismo tiempo le da fuerza para luchar por la verdad y que haya “investigaciones de calidad”.
“Hay pura simulación, estamos muy cansados”, añadió.
La manifestación ocurre tras el reciente hallazgo de un rancho que presuntamente era un campo de adiestramiento del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Teuchitlán, en el occidental estado de Jalisco, donde colectivos de buscadores de desaparecidos denunciaron un “campo de exterminio” en marzo.