Familias con TPS y DACA, bajo la doble amenaza migratoria de Trump

0
123
Las beneficiarias del Estatus de Protección Temporal (TPS), las salvadoreñas Dina Paredes (i) y Verónica Lagunas(c) y la hondureña Iris Acosta (d) posan mostrando una tarjeta hoy, viernes 13 de octubre de 2017, al final de una concentración en el exterior de la alcaldía de Los Ángeles para pedir al concejo municipal que apruebe una resolución que aboga por la renovación del TPS y la concesión de la residencia permanente a sus beneficiarios en Los Angeles (EE.UU.). En la manifestación, los activistas y sindicalistas contaron con el apoyo del concejal Gil Cedillo, quien hoy presentó ante el Comité de Reglas del concejo de esta ciudad una resolución a favor de los beneficiarios del TPS, que se calcula se ha otorgado a unas 430.000 personas en EEUU. EFE/Iván Mejía

Ana Milena Varón

Los Ángeles, 20 oct .- La política migratoria del presidente Donald Trump tiene acongojadas por partida doble a familias centroamericanas acogidas por el Estatus de Protección Temporal (TPS) y la Acción Diferida (DACA) y que están a las puertas de perder los dos beneficios.

“Ya no podemos más con la angustia que estamos viviendo, mi esposo y yo somos TPS y mis dos hijas son DACA. La única ciudadana es mi nieta, que es la que más va a sufrir si nos quitan los amparos”, dice a Efe Norma, una inmigrante salvadoreña que no quiso revelar su apellido.

Activistas de Los Ángeles han llamado la atención de congresistas federales sobre estas familias.

“En la conversación de la protección de los ‘soñadores’ deberíamos incluir a los protegidos por el TPS. Es una obligación también adherirlos a este proyecto de ley, eso habla de los valores de nuestro país y de quiénes somos”, dijo April Verrett, de la Unión Internacional de Empleados de Servicio (SEIU).

Norma llegó en el año 2000 a EEUU en su huida de la violencia de su país, y consigo viajaban sus hijas de 4 y 10 años. Las pequeñas fueron detenidas por los agentes de inmigración y puestas en un proceso de deportación.

Mientras Norma y su esposo peleaban por que un juez las dejara quedarse en el país, ellos obtuvieron la protección del TPS, y tras años de batallas en corte, un juez cerró el caso de las menores.

Para una de ellas, Abigail, ahora de 27 años, DACA le permitió salir de las sombras y conseguir un trabajo.

La joven logró renovar su permiso de trabajo dos meses antes que la Administración Trump rescindiera el beneficio, pero sus sueños se vencen en agosto de 2019 y con ellos los de su pequeña hija.

La fortuna no acompañó a Susana, la hija menor de Norma, una de las “soñadoras” a las que se les expira el permiso de trabajo el próximo año y sus deseos de completar su carrera en Psicóloga podrían esfumarse.

La joven explica que lo que más le preocupa es perder su trabajo, ya que con esto paga las matrículas y sus gastos personales.

Para Angélica Salas, directora de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA), el caso de Norma y su familia muestra el daño y la devastación que están causando las políticas de Trump.

En su opinión, la “ventana” que tiene el Congreso para aprobar una ley que dé estatus legal permanente a los jóvenes indocumentados amparados por DACA es “muy pequeña”, pues el 5 de marzo, plazo que dio Trump al Congreso para sacar adelante esta legislación antes de suspender el amparo, está muy cerca.

Este próximo 5 de noviembre el Departamento de Estado definirá la situación de los nicaragüenses y hondureños a los que se les vence el TPS el 5 de enero. La protección para los salvadoreños vence el 9 de marzo y antes de 60 días el ejecutivo debe anunciar si lo renueva.

Norma asegura que si la Casa Blanca decide no prorrogar el TPS a los nacionales de El Salvador que viven en territorio estadounidense y cuyo permiso expira también en marzo, perderían sus trabajos y enfrentarían graves problemas financieros que podrían implicar la pérdida de su casa.

En la misma situación está el también salvadoreño Justin Hernández, que trajo a EEUU a su esposa y su hijo en 2004.

El joven, que no quiso ser identificado, logró ingresar a la universidad y obtener un trabajo gracias a DACA, amparo que le expira enero de 2019.

“Así como se hizo con DACA, necesitamos educar al pueblo estadounidense y a los legisladores sobre quienes son los “tepesianos” y el gran aporte que hacen al país”, indicó Teresa Tejada, directora de la Asociación de Salvadoreños de Los Ángeles (ASOSAL).

Para la familia de Norma la opción de regresar no existe, pues un sobrino fue ejecutado y su familia tuvo que huir.

“No podemos volver, apenas sepan que venimos de Estados Unidos nos van a extorsionar y matar, y qué va a pasar con mi nieta”, se pregunta la mujer en tono preocupado.

Según Norma, los legisladores demócratas no prometieron incluir a los amparados en el TPS en la legislación, pero dijeron ser conscientes de que este tema es otro campo de batalla que no pueden abandonar.

“Esperemos que no se olviden de nosotros, llevamos 16 años cumpliendo con todo, con un récord intachable, deberían incluirnos en la legislación de los ‘soñadores'”, pidió Norma. EFEUSA

Leave a Reply