Ciudad de México, 18 oct (EFE).- Familiares y organizaciones denunciaron este martes irregularidades en el caso de la defensora afroindígena mexicana Kenia Hernández y pidieron su inmediata liberación, ya que lleva dos años en prisión en el estado de Morelos, centro de México.
Más de medio centenar de personas se reunió frente a las instalaciones de la Secretaría de Gobernación (Segob) en la Ciudad de México, donde tuvo lugar un mitin político-cultural.
Hernández, quien destacó en la lucha social en años recientes, tiene procesos penales en varios estados mexicanos en su contra además de las tres vinculaciones a proceso que se generaron en solo cuatro meses en 2020, ya que, según dijo la activista y periodista, desde Fiscalía informaron que existen otras que no se vincularon a proceso y “como 17 denuncias hacia el colectivo que ella dirige”.
Kenia Hernández fue consejera de derechos humanos en la casa de justicia de la CRAC-PC (Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria) con sede en Cochoapa, municipio de Ometepec (Guerrero).
Es indígena amuzga, feminista, abogada defensora de derechos humanos, de mujeres, de personas indígenas, de personas injustamente presas y de presos políticos.
“A Kenia se le ha vulnerado el derecho más básico de toda persona imputada: la presunción de inocencia, aquel que dicta que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario”, expresó en un comunicado el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero.
Además, extrañamente, Kenia dijo que hicieron desalojar un pabellón de 29 celdas, para recluirla ahí y mantenerla en total aislamiento, sin contacto con ninguna otra persona, “esto porque se le considera una interna peligrosa.
“El caso de Kenia es indignante para las organizaciones que la acompañamos, pues su historia de vida nos demuestra el honor que para ella representa acompañar y resolver casos de violaciones a los derechos humanos”, añadió el comunicado.
Y señaló también que “ahora ella enfrenta una violación a sus derechos humanos pues se le acusa por el delito ‘ataques a las vías de comunicación’ el cual, de acuerdo con la Ley no amerita la prisión preventiva oficiosa, es decir, ella debía haber llevado su proceso en libertad para demostrar su inocencia”.
Por lo anterior, familiares y amigos, organizaciones y colectivos defensoras de derechos humanos que acompañan la jornada por la liberta de Hernández sostuvieron que la preocupación de que la defensora sufra de criminalización por su labor como defensora de los derechos humanos y solicitaron se atienda el llamado de la ONU para su liberación temprana.