Ciudad de México, 8 sep (EFE).- Familiares de la niña de 4 años Heidi Mariana, quien murió el pasado 31 de agosto a causa de una bala perdida del Ejército en la frontera norte de México, pidieron al Estado mexicano una investigación exhaustiva, imparcial y urgente del caso, y que se haga justicia.
“Venimos a pedir justicia, justicia para Mariana. El dolor de nosotros es muy, muy grande, solamente (queremos) que se haga justicia”, dijo en conferencia de prensa Griselda Saavedra, familiar de la pequeña asesinada en Nuevo Laredo, en el estado de Tamaulipas.
De acuerdo con la versión de los familiares, el pasado 31 de agosto la menor de edad sufrió un impacto de bala en la cabeza mientras era trasladada a un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en un vehículo porque tenía un fuerte dolor en el estómago.
En el auto viajaban la abuela de la pequeña, Adriana Araceli Rodríguez Guerra, el hermano de siete años y Griselda, quienes recibieron impactos de balas perdidas que hirieron a la abuela en el hombro derecho y a Heidi en la cabeza.
Según los familiares, tres unidades de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) supuestamente perseguían a civiles armados, por lo que los soldados abrieron fuego durante la persecución.
No obstante, pese a las pruebas y los videos que han presentado, los afectados criticaron que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, haya minimizado el caso y defienda a los militares.
“Venimos a decirle al presidente de México: no obstruya la investigación, no exonere antes de tiempo a los militares”, dijo Raymundo Ramos, abogado del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo.
Asimismo, pidió justicia a las autoridades y que la familia pueda hablar “frente a frente” con el mandatario, quien ha defendido su política de militarización en el país y se ha negado a recibirlos.
“Presidencia no ha respondido a la solicitud pública de una audiencia, para que el presidente escuche de viva voz a las víctimas”, sentenció.
Además, acusó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) de ser “insensible” y “omisa” ante el caso
Juan Martín Pérez García, defensor de derechos de la infancia, pidió que las autoridades revisen la estrategia de seguridad e invitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a intervenir.
“Venimos a exigir justicia. Estamos teniendo complicidad y encubrimiento. Debe haber una investigación independiente y exhaustiva”, dijo.
Por su parte, Raymundo Ramos recalcó que este tipo de casos demuestran que la militarización en el país no es una estrategia que funcione.
“En dos décadas no han logrado hacer un Estado seguro. Tamaulipas es la muestra más clara de que el uso de las Fuerzas Armadas en seguridad pública no funciona”, enfatizó.
“Queremos que la investigación se lleve de manera imparcial, que la Fiscalía General de la República (FGR) informe a los medios de comunicación y el público los resultados de las investigaciones”, añadió.
Este caso se expone mientras el Senado discute la reforma que traslada a la Secretaría de la Defensa Nacional el control operativo, administrativo y financiero de la Guardia Nacional, un cuerpo de seguridad que López Obrador creó en 2019 con la promesa de mantenerlo civil.