Washington, 13 mar (EFE).- Una representación de los 222 presos políticos excarcelados hace un mes y expulsados por Daniel Ortega a Estados Unidos viajó este lunes a Ginebra para denunciar, ante varios embajadores y diplomáticos de Naciones Unidas, los ataques a los derechos humanos del presidente de Nicaragua.
Pese a que no tienen pasaporte porque Ortega les despojó de su nacionalidad, cinco de los 222 presos pudieron viajar con un permiso especial que les otorgó el Gobierno de Estados Unidos, contó a EFE el que fuera precandidato presidencial Félix Maradiaga.
Él ha sido uno de los cinco que ha viajado, junto con los también precandidatos Juan Sebastián Chamorro y Medardo Mairena, y las defensoras de los derechos humanos Yaritza Mairena y Solange Centeno, dos de las 33 mujeres a bordo del vuelo que aterrizó en el aeropuerto de Dulles, cercano a Washington DC, el pasado 9 de febrero.
Unas horas antes y por decisión unilateral, Ortega sacó de prisión a los 222 reos y los envió en un avión a Estados Unidos, retirándoles la nacionalidad.
A través de un comunicado enviado por la Fundación para la Libertad de Nicaragua, creada por Chamorro, la delegación de expresos informó que en Ginebra se reunieron con embajadores y diplomáticos de delegaciones europeas acreditadas ante la oficina de Naciones Unidas.
Las reuniones se realizaron en la delegación de la Unión Europea, “en el marco de las sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, y reuniones paralelas de otras organizaciones con sede en esa ciudad europea”.
La misión permanecerá hasta el próximo 18 de marzo y están previstas reuniones con varios organismos de derechos humanos y misiones oficiales.
Todo ello con el objetivo de abogar por la extensión del mandato del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, impulsar nuevas medidas diplomáticas contra el régimen de Ortega y presionar para la liberación de los 37 presos políticos que aún están detenidos.
Así, Mairena explicó las graves violaciones humanas cometidas contra campesinos y comunidades indígenas, mientras que Chamorro se pronunció sobre el deterioro institucional, la violación al debido proceso y las violaciones al proceso electoral nicaragüense.
Maradiaga, por su parte, llamó a la comunidad internacional a hacer “todo lo que legalmente esté a su alcance para lograr la liberación de Monseñor Rolando Álvarez y de los otros presos políticos” que aún permanecen encarcelados en diversos penales de Nicaragua.