Ciudad de México, 24 oct (EFE).- El exprocurador (exfiscal) mexicano Jesús Murillo Karam, detenido desde hace dos meses por el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, ingresó a terapia intensiva por problemas cardíacos y el riesgo de un coágulo cerebral, según informó este lunes su defensa.
El extitular de la extinta Procuraduría Federal de la República (PGR) de 2012 a 2015 salió el miércoles pasado del Reclusorio Norte, donde estaba preso desde el 24 de agosto pasado como uno de los máximos implicados del caso Ayotzinapa, para ir al Hospital General de Xoco, detallaron sus abogados en un comunicado.
Ante el “complicado cuadro clínico que presentó durante su estancia en el hospital”, los médicos lo remitieron al Instituto Nacional de Cardiología “Ignacio Chávez” para su debido diagnóstico y tratamiento, ahondó el boletín.
Tras varios estudios, los doctores del instituto le realizaron de emergencia una cirugía de endarterectomía carotídea de alto riesgo, un procedimiento que remueve placa que se ha formado en una arteria, lo que permitió un mayor flujo sanguínea, afirmó la defensa.
“Desde entonces, el licenciado Murillo Karam se encuentra en terapia intensiva”, aseguró el comunicado.
“Los estudios practicados al licenciado Murillo Karam revelaron otra carótida obstruida, por tanto, se espera que los médicos a cargo determinen el tratamiento a seguir y si es necesario una nueva cirugía, ya que el estado de la arteria mencionada eleva el riesgo de un coágulo cerebral”, agregó.
Murillo Karam, exfuncionario en la presidencia de Enrique Peña Nieto (2012-2018), está procesado desde el 24 de agosto pasado por los delitos de tortura, desaparición forzada de personas y contra la administración de justicia que presuntamente cometió cuando era encargado del caso Ayotzinapa como titular de la PGR en 2014.
Su arresto es el de mayor perfil hasta ahora del caso Ayotzinapa y ocurrió tras el informe de la Comisión para la Verdad, que concluyó el 18 de agosto que la desaparición de los 43 estudiantes fue un “crimen de Estado” con autoridades involucradas de todos los niveles y que no hay indicios de que estén vivos.
El exprocurador está acusado de ser uno de los fabricantes de la “verdad histórica”, una versión del Gobierno de Peña Nieto que afirmaba que policías corruptos detuvieron a los estudiantes y los entregaron al cartel Guerreros Unidos, que los asesinó e incineró en un basurero en el sureño estado de Guerrero.
La Comisión de la Verdad y el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador han rechazado esa “verdad histórica” al concluir que no fue posible que los hayan quemado ahí y que, incluso, varios estudiantes permanecieron vivos por días después del hecho.