Washington, 29 sep (EFE).- Un estudio publicado este jueves por la Corporación RAND halló que las personas que han estado en prisión y se encuentran en situación de libertad condicional son a menudo trabajadores más motivados y con más ambición que el resto de los empleados.
“Lo que nos dicen los empleadores es que las personas con antecedentes criminales tienen más hambre y están más comprometidos con el trabajo porque reconocen que se les está brindando una segunda oportunidad”, dijo en una entrevista con Efe la investigadora de políticas sociales de RAND Dionne Barnes-Proby.
Según Barnes-Proby, esta característica les hace trabajar más duro y con mayor dedicación que sus colegas, y hace que sean una excelente mano de obra para industrias como la construcción, la conducción de camiones o los servicios.
RAND estudió el programa “Sociedad de Capacitación Profesional” (Career Training Partnership) que ofrece educación y formación gratuitas a personas que se encuentran en situación de libertad condicional en el área de Sacramento (California, EE.UU.) con el objetivo de facilitarles la reinserción laboral.
“Es un programa gratuito disponible para todos quienes se hallen en libertad condicional, pero en realidad tiene un precio porque lleva mucho tiempo y dedicación. En el largo plazo los resultados son buenos, pero mientras tanto estas personas tienen necesidades financieras”, apuntó Barnes-Proby.
Para solucionarlo, la investigadora sugirió que este tipo de programas no sólo sean gratuitos, sino que también ofrezcan un estipendio a quienes participen en ellos para cubrir sus necesidades financieras básicas.
Uno de los principales problemas que identificó la investigación es que aunque en estados como California el consumo de marihuana recreativa es legal, muchos de los empleadores siguen practicando test de drogas a las nuevas contrataciones, lo que dificulta el acceso al trabajo de personas en libertad condicional.
Una de las claves para que este tipo de programas de reinserción laboral funcionen es que cuenten con el apoyo no únicamente de instituciones públicas y empleadores, sino también de organizaciones como sindicatos, con fuerza en ámbitos como la construcción, una de las salidas laborales más atractivas para personas que han estado en la cárcel.