Los Ángeles (EE.UU.), 28 oct (EFE).- Un grupo de 23 estados, junto al Distrito de Columbia, demandó este martes a la Administración del presidente Donald Trump para mantener la financiación en noviembre de la ayuda alimentaria, que reciben alrededor de 42 millones de personas, y que será suspendida debido al cierre del gobierno federal.
El Departamento de Agricultura de EE.UU. (USDA, en inglés) publicó el fin de semana un aviso en su sitio web en el que indica que no financiará el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), que otorga alimentos a cerca de uno de cada ocho estadounidenses en el país, si el cierre continúa el próximo mes.
La demanda, encabezada por los estados de California y Massachusetts, argumenta que los beneficios SNAP se “retrasarán por primera vez desde el inicio del programa” ante la falta de acción del USDA, ya que los fondos fueron aprobados por el Congreso estadounidense.
“Suspender los beneficios SNAP en estas circunstancias es contrario a la ley y arbitrario y caprichoso según la Ley de Procedimiento Administrativo”, declararon los estados en la demanda presentada ante el Tribunal de Distrito de EE.UU. en Massachusetts.
California es uno de los estados más afectados con la suspensión de la ayuda que reciben 5,5 millones de sus residentes, que necesitan los llamados “cupones de comida”. El 63,2 % de los participantes del SNAP en el Estado Dorado son niños o adultos mayores.
“La decisión de la Administración Trump de retener la asistencia alimentaria que ya ha sido financiada ha dejado a millones de estadounidenses con miedo e incertidumbre”, señaló el gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom, en un comunicado.
Los legisladores demócratas habían pedido a la secretaria del USDA, Brooke Rollins, utilizar fondos de emergencia de 5.000 millones de dólares para cubrir la financiación de SNAP, pero se negó argumentando que los necesita para enfrentar posibles catástrofes.
“El USDA no solo tiene la autoridad para usar fondos de contingencia, sino que también tiene la obligación legal de gastar todos los dólares disponibles para financiar los beneficios del SNAP”, argumentó el fiscal general de California, Rob Bonta.
La suspensión de las ayudas alimentarias ha salpicado incluso a los republicanos en el Senado, que esta semana podrían debatir un proyecto de ley para financiar el programa.
Además de California y Massachusetts, los estados de Minesota, Arizona, Connecticut, Colorado, Delaware, Hawái, Illinois, Maine, Maryland, Michigan, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Carolina del Norte, Oregón, Rhode Island, Vermont, Washington y Wisconsin, así como los gobernadores de Kansas, Kentucky, Pensilvania y el Distrito de Columbia se sumaron a esta petición.
Un proyecto de ley de la Cámara de Representantes, respaldado por los republicanos y que financiaría temporalmente al gobierno federal, no logró la aprobación del Senado este martes por decimotercera vez.