España aprueba fijar la cooperación internacional en el 0,7 % en 2030

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ESPAÑA COOPERACIÓN

Madrid, 11 ene (EFE).- El Gobierno español prepara blindar la ayuda internacional que ofrece a otros países y fijarla en un 0,7 % de la renta nacional bruta en 2030, según recoge un anteproyecto de ley que el Ejecutivo aprobó este martes

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, aseguró en la rueda de prensa tras la reunión del Gabinete que se trata de una ley “innovadora” que situará a España “en la vanguardia de los países que hacen cooperación en el mundo” .

La futura norma asume los objetivos de la Agenda 2030, la lucha contra la pobreza y el cambio climático y la igualdad de género, e incorpora la cooperación financiera junto a la ayuda al desarrollo, además de incluir una nueva regulación de las subvenciones.

El proyecto recoge también el refuerzo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid), así como la aprobación del nuevo estatuto de cooperante y de varios órganos para afianzar la coordinación institucional.

El objetivo de alcanzar el 0,7% de la renta nacional bruta a la cooperación, asumido por primera vez con rango de ley, será un horizonte a cumplir no solo por la Administración Central, sino también por las regionales y locales.

El ministro recordó que fijar este porcentaje es un compromiso adquirido hace décadas por España en Naciones Unidas y en la Unión Europea.

Otras novedades son el reconocimiento del Sahel como región prioritaria de cooperación y el refuerzo de la “cooperación humanitaria” ante catástrofes, que pasará a ser de un 10% de la ayuda oficial al desarrollo. En cuanto a la reforma del instrumento de cooperación financiera, se busca lograr mayor rapidez y agilidad a la hora de canalizar los fondos.

En España, los fondos de cooperación se redujeron tras la anterior crisis económica de 2008 y no se recuperaron en años posteriores.

La cooperación internacional para desarrollo contó en 2021 con 530 millones de euros del presupuesto del Estado, gestionados por organismos estatales, a los que habría que sumar el dinero que dedican gobiernos regionales y locales.