Denver (CO), 24 ene (EFE).- El alguacil del condado de Teller en Colorado, Jason Mikesell, será juzgado desde este martes en una corte local como resultado de las denuncias presentadas por seis inmigrantes que lo acusan de haber colaborado sin autorización con agentes federales de inmigración para mantener detenidos a esos extranjeros.
Los denunciantes tienen el respaldo de la filial local de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU), que indicó en un comunicado que esta es la primera vez que se llega a este tipo de acciones legales contra un alguacil en funciones.
Además, según la ACLU, el juicio permitirá que por primera vez los denunciantes presenten, por medio sus abogados, evidencia de que Mikesell intencionalmente mantuvo detenidas a personas que podrían haber quedado en libertad según las leyes de Colorado pero que, en cambio, fueron transferidas al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).
Específicamente, los denunciantes acusan a Mikesell de haber usado fondos públicos de Colorado para “actividades y programas inconstitucionales”, en referencia a la Constitución estatal local, que prohíbe a funcionarios públicos asumir responsabilidades (como detención de indocumentados) que sólo competen al Gobierno federal.
Sin embargo, pese a que esa norma de Colorado está vigente desde 2019 y a que la Corte Suprema estatal refrendó su validez, Mikesell firmó un acuerdo con el ICE en el marco del Programa 287(g), que alude a esa sección de la Ley de Inmigración y Nacionalidad vigente desde 1996, por el cual autoridades estatales pueden colaborar con esa agencia para hacer cumplir leyes federales.
“Lejos de acatar la ley de Colorado, el acuerdo 287(g) firmado por el alguacil Mikesell promueve, en cambio, una agenda antiinmigrante inconstitucional”, expresó Annie Kurtz, una de las abogadas de ACLU que representa a los seis inmigrantes antes detenidos por Mikesell.
“Tanto los arrestos sin orden judicial por violaciones civiles a la ley federal de inmigración como la negativa de la cárcel del condado de Teller (bajo la supervisión de Mikesell) de liberar a las personas después de pagar la fianza son inconstitucionales según la Constitución de Colorado”, agregó Kurtz en declaraciones recogidas por los medios del condado de Cripple, donde se realiza el juicio.
Las acciones de la ACLU de Colorado contra Mikesell comenzaron en 2018, pero no tuvieron éxito. Luego, en 2019, cuando entró en vigor la norma estatal por la que agentes locales no pueden detener a personas con base en pedidos del ICE que no estén firmados por un juez, se presentó la nueva demanda.
En aquel año, 63 de los 64 condados de Colorado dejaron de colaborar con el ICE, con la excepción de Teller.
En 2020, un juez de primera instancia dictaminó que los demandantes no tenían “capacidad legal” para presentar la demanda, argumentando que no existían razones suficientes para que el caso llegase a juicio dado que los inmigrantes no habían demostrado que el alguacil actuó con negligencia o que ellos fueron víctimas de acciones intencionales de Mikesell.
Sin embargo, en 2022 el Tribunal de Apelaciones de Colorado revocó ese fallo y envió el caso al tribunal de distrito correspondiente, que falló en favor de los seis inmigrantes y permitió así el inicio del juicio.
Se anticipa que el proceso durará cuando menos tres días.