El vicepresidente de Guatemala pide a la máxima Corte rechazar el desafuero en su contra

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GUATEMALA GOBIERNO

Guatemala, 2 ago (EFE).- El vicepresidente de Guatemala, Guillermo Castillo, interpuso este domingo un amparo ante la Corte de Constitucionalidad, la máxima tribuna del país centroamericano, para rechazar el antejuicio (proceso para retirar el fuero) en su contra avalado el pasado viernes por la Corte Suprema de Justicia.

Castillo instó a los magistrados de la máxima Corte rechazar “de forma liminar” (al momento en que es presentado el recurso) toda vez que consideren que el antejuicio haya sido promovido “por razones espurias, políticas o ilegítimas”.

El proceso de retiro del fuero o inmunidad de Castillo, compañero de fórmula del mandatario, Alejandro Giammattei, fue solicitado por un excandidato al Congreso en la pasada elección, que argumentó que el vicepresidente “efectuó un nombramiento ilegal en la Secretaría Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio (Senabed), sin observar que la persona designada no llenaba los requisitos establecidos en ley”, indicó el propio Castillo en un comunicado.

El vicepresidente, sin embargo, subrayó que la denuncia en su contra no advierte que la designación de la funcionaria sí cumple los requisitos de ley y únicamente se contrató para un período de dos meses tras la renuncia de su predecesor al cargo.

“Uno de los pilares fundamentales de la democracia es la justicia; sin justicia no hay paz. Lo actuado por la Corte Suprema de Justicia no logra poner en duda la profunda fe que el vicepresidente de la República tiene y seguirá teniendo en el sistema de justicia guatemalteco”, expuso Castillo.

La justicia, continuó, “debe aplicarse de forma pronta, cumplida, objetiva e imparcial, dejando a un lado intereses personales de quienes la administran o los mandatos de quienes, bajo otros intereses oscuros y espurios, pretendan obtener de ellos decisiones aviesas e impunes”.

AMPARO ACEPTADO

El amparo fue, a su vez, avalado para su trámite por el órgano constitucional, por lo que solicitó a la autoridad denunciada remitir “el expediente original del antejuicio”, así como el “informe circunstanciado, en el término de 12 horas (vence a medianoche de Guatemala, 06:00 GMT)”.

La portavoz del Constitucional, Fernanda Morales, sostuvo que solo “en caso de que la autoridad cuestionada ya hubiere remitido los antecedentes al Congreso de la República de Guatemala, deberá remitir inmediatamente el requerimiento a ese órgano para que, dentro del plazo que está corriendo a la autoridad cuestionada, remita a esta Corte el antecedente respectivo”.

El proceso de desafuero avalado en el Supremo -que pasó al Congreso para que este realice el antejuicio, mediante el cual una comisión pesquisidora recomienda al pleno si se retira o no la inmunidad del cargo- coincide con la pugna entre los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Constitucionalidad.

LA DISCORDIA

Apenas el viernes pasado el Supremo rechazó un dictamen del Constitucional y la desafió en una resolución en la que le ordenaba integrar un pleno para conocer nuevamente el retiro de inmunidad de cuatro magistrados constitucionales.

Originalmente, el Supremo, integrado por suplentes, había dado trámite el 26 de junio a una solicitud legal de un abogado particular para retirarle el fuero a los magistrados constitucionales por suspender la elección de 240 jueces del Organismo Judicial, por lo que envió el expediente al Congreso, en una jugada similar a la del vicepresidente.

La Corte de Constitucionalidad ordenó un día después, el 27 de junio, suspender provisionalmente dicho procedimiento ante un amparo de la Procuraduría de los Derechos Humanos y luego decretó la medida de manera permanente, pero el Supremo se ha negado este viernes tanto a verificar su decisión como a recoger el expediente.

El Congreso está dividido y el oficialismo (partido Vamos) no cuenta con una mayoría, pero a través de alianzas con otros partidos de dudosa reputación han conseguido robustecer una línea encuadrada en lo que activistas, defensores de derechos humanos, analistas políticos y la oposición real tilda de “pacto de corruptos” y “alianza criminal”.

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