Washington, 24 jun (EFE).- La clínica de Misisipi, en el centro de la sentencia del Tribunal Supremo que ha eliminado la protección legal al aborto en Estados Unidos, seguirá ofreciendo este servicio al menos hasta que entre en vigor en julio la prohibición total que el estado lleva planeando implementar desde 2007.
Jackson Women’s Health Organization es la única clínica que ofrece abortos en el estado y seguirá abierta hasta comienzos de julio, cuando se prevé que la fiscal general, Lynn Fitch, publique en el boletín oficial la revocación del derecho al aborto que falló hoy el Tribunal Supremo de EE.UU.
Esta publicación hará que entre en vigor automáticamente una “ley resorte” aprobada en 2007, llamada así porque está pensada para empezar a funcionar con la derogación por parte del Supremo del precedente legal establecido en el caso de “Roe contra Wade”, que finalmente se produjo este viernes.
Ese caso, conocido popularmente como “Roe”, ha marcado desde 1973 la jurisprudencia del país durante décadas, y establecía que la Constitución protege el derecho de una mujer a abortar.
Pese a la revocación de ese derecho, la Coalición por el Acceso al Aborto de Misispi recordó en un comunicado que todas las citas que las mujeres del estado pudieran tener para abortar todavía son válidas, al menos hasta el 4 de julio.
“Es irónico que el Tribunal Supremo revoque ‘Roe contra Wade’ con un caso sobre Misisipi, que es el estado más pobre de la Unión y tiene el mayor porcentaje de población negra entre los 50 estados”, dijo Rob McDuff, un abogado que trabaja con el Centro para la Justicia de Misisipi, durante una llamada con periodistas.
McDuff se refería al hecho de que la mayoría conservadora del Supremo, incluidos los tres jueces nominados por el expresidente Donald Trump (2017-2021), haya decidido revocar “Roe” a raíz del caso “Dobbs contra Jackson Women’s Health”, en el que esta organización pidió que se eliminara la prohibición del aborto a partir de las 15 semanas de gestación vigente en el estado desde 2018.
Muchos activistas y defensores del derecho al aborto llevan meses avisando de que la anulación de la protección legal al aborto afectará desproporcionadamente a las mujeres pobres, quienes no podrán pagar el viaje a los estados en los que sí se permita interrumpir el embarazo.