Washington, 27 jun (EFE).- El Tribunal Supremo de Estados Unidos determinó este jueves que el acuerdo de quiebra del fabricante de opioides Purdue Pharma, que protegía el patrimonio de la poderosa familia Sackler de futuras demandas, viola la ley.
La máxima instancia judicial estipuló que el pacto incluía de manera inapropiada protecciones legales para los Sackler, propietarios de la compañía, blindándolos ante posibles litigios civiles, una capacidad que los tribunales estadounidenses no poseen.
Cinco de los nueve magistrados consideraron que las cortes inferiores habían ido demasiado lejos, una postura compartida por el Gobierno federal. Los otros cuatro estimaron que las leyes de bancarrota se habían aplicado de manera adecuada.
En la práctica, el fallo tiene dos consecuencias: anula la condición de inmunidad exigida por los Sackler y también evita que los demandantes accedan a los 6.000 millones de dólares que recogía el pacto judicial.
Purdue Pharma se declaró en quiebra en 2019 para hacer frente a miles de demandas por los estragos producidos por la prescripción descontrolada del opiáceo OxyContin, origen de una epidemia de adicciones que persiste como una de las grandes crisis sanitarias del país.
Como consecuencia del fallo del Supremo, el futuro de muchos de los casos actualmente en curso, algunos con una década de antigüedad, queda ahora en limbo, de forma que los demandantes – desde gobiernos hasta tribus de nativo americanos e individuos a título personal- deben decidir ahora cuáles son sus próximos pasos.
En un comunicado, Purdue calificó la decisión de “desgarradora”, ya que el acuerdo había sido aceptado por la mayoría de los demandantes.
En otro comunicado, la familia Sackler expresó su disposición a continuar las negociaciones y dijo tener “esperanzas” sobre la posibilidad de lograr una resolución, pero no indicó si aceptará pagar indemnizaciones a las víctimas sin las protecciones ante futuras demandas.
Además, Edward Neiger, abogado que representa a más de 60.000 víctimas de sobredosis, lamentó en otra nota la decisión del Supremo y recordó que ese acuerdo contemplaba fondos para indemnizaciones y preveía destinar miles de millones de dólares a los estados para combatir la crisis de opioides.
Varios estados implicados en las negociaciones del acuerdo anulado manifestaron también su deseo de reanudar las conversaciones y obtener justicia para las víctimas.
“La sentencia implica volver a la mesa de negociación. Purdue y los Sackler deben pagar para salvar vidas y ayudar a las personas a vivir libres de adicción”, consideró en un comunicado el fiscal general de Carolina del Norte, Josh Stein, quien advirtió que su estado está preparado para ir a juicio si es necesario.
El opiáceo OxyContin llegó al mercado estadounidense en 1996. Purdue Pharma, la compañía que lo desarrolló, implementó una intensa campaña de comercialización que incluía persuadir a los médicos para que prescribieran este fármaco sin alertar adecuadamente sobre sus riesgos de adicción.