Ciudad Juárez (México), 1 abr (EFE).- Unos 100 agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) de México encabezados por el comisionado nacional, Francisco Garduño Yáñez, realizaron este lunes un operativo en colaboración con autoridades locales en la frontera de Ciudad Juárez (México) con El Paso (EEUU).
Los integrantes del ente federal realizaron un peinado por la orilla del río Bravo pero no encontraron migrantes y hasta esta tarde no se ha dado a conocer algún aseguramiento.
Otra parte del contingente hizo un recorrido junto a la Plaza de la Mexicanidad en Ciudad Juárez, otro punto que ha sido utilizado en otras ocasiones por los migrantes para hacer campamentos en la ciudad.
El comisionado se negó a ofrecer información sobre el aparatoso operativo. “Nada, nada”, fue la respuesta seca de Garduño Yáñez a los periodistas.
La visita de Garduño se produce, precisamente, un año después del incendio en el que murieron 40 migrantes, provenientes de Guatemala, Venezuela, Colombia, Honduras y El Salvador, en un establecimiento del INM en Ciudad Juárez.
En el lado mexicano del río generalmente no permanecen migrantes, porque inmediatamente cruzan el río y se ponen “a salvo” de las autoridades mexicanas en la rivera del lado estadounidense.
Este domingo, poco antes del operativo de hoy, medio centenar de migrantes lograron cruzar la alambrada de navajas y se metieron hasta el muro fronterizo donde ya sólo esperaban ser trasladados a una estación migratoria estadounidense.
En la última semana, el punto 36 de la frontera entre Juárez y El Paso ha sido utilizado por más de un millar de migrantes para llegar al lado estadounidense y empezar su proceso de asilo o refugio.
La frontera entre Juárez y El Paso ha sido epicentro del flujo migratorio desde 2023, cuando México reportó una subida de cerca del 77 % en la migración irregular con más de 782.000 extranjeros indocumentados detectados.
La tensión ha aumentado desde el año pasado, cuando el gobernador de Texas, Greg Abbott, colocó una cerca de púas que se niega a quitar pese a un fallo de la Suprema Corte de Estados Unidos y ahora busca implementar la Ley SB4 para que las autoridades estatales puedan realizar tareas migratorias, una facultad del Gobierno federal.