El “Gobierno democrático” birmano se compromete a reconocer a los rohinyás

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BIRMANIA GOLPE

Bangkok, 4 jun (EFE).- El denominado Gobierno de Unidad Nacional (NUG, sigla en inglés), formado por políticos y activistas prodemocráticos contrarios a la junta militar, se ha comprometido a reconocer la ciudadanía a la perseguida comunidad rohinyá en Birmania (Myanmar).

El “Gobierno democrático”, cuyos miembros se encuentran en la clandestinidad, afirmó que la futura Constitución birmana deberá basar la nacionalidad en haber nacido en el país o tener padres birmanos y se comprometió a acelerar la repatriación de los refugiados rohinyás en Bangladesh.

“Los rohinyás tienen derecho a la ciudadanía en virtud de leyes que cumplirán con las normas de derechos humanos fundamentales y los principios federales democráticos”, indicó el Gobierno alternativo en un comunicado.

El grupo disidente también se comprometió a enmendar o anular normas como la Ley de Ciudadanía de 1989, que liga la nacionalidad plena a la identidad étnica y que ha sido usada para negar la ciudadanía a la mayoría de los rohinyás.

El relator especial de la ONU sobre los Derechos Humanos en Birmania, Tom Andrews, celebró la decisión del Gobierno de Unidad Nacional, lo que consideró como una buena señal para el futuro del país.

“El reconocimiento de los rohinyás como ciudadanos de Birmania dice mucho de la unidad que el NUG quiere promover en el país”, señaló Andrews en un comunicado.

El presidente de la ONG Burmese Rohingya Organisation UK, Tun Khin, también aplaudió la iniciativa, pero afirmó que el Gobierno democrático debería reconocer el “genocidio” contra la minoría rohinyá y apoyar los procesos contra el Ejército birmano en los tribunales internacionales.

Los rohinyás, una comunidad de mayoría musulmana, han sufrido discriminación y la violación de sus derechos, incluido el de movimiento, desde hace décadas en Birmania, donde más de 120.000 de ellos viven en campos de desplazados desde los brotes de violencia sectaria en 2012.

En 2016 y 2017, los ataques de un grupo militante rohinyá provocaron una brutal campaña de los militares birmanos, que cometieron asesinatos, violaciones e incendiaron aldeas enteras, lo que provocó un éxodo de más de 800.000 miembros de esta minoría a Bangladesh.

Por estas operaciones, el Ejército ha sido acusado de delitos contra la humanidad y genocidio, entre otros crímenes, ante la justicia internacional.

Los uniformados, encabezados por el general golpista Min Aung Hlaing, tomaron el poder el pasado 1 de febrero tras denunciar un supuesto fraude electoral en las elecciones de noviembre de 2020, aunque estas fueron validadas por los observadores internacionales.