Washington, 16 may (EFE).- La Administración de Donald Trump pidió este viernes al Tribunal Supremo que anule el veto a los despidos masivos que ordenó una corte federal de California y le instó a aplicar “una suspensión inmediata” mientras toma una decisión.
El fiscal general de Estados Unidos, John Sauer, pidió al Alto Tribunal que suspendiera la orden de Susan Illston, magistrada de San Francisco, que impedía temporalmente a las agencia gubernamentales que llevasen a cabo recortes en la plantilla de forma colectiva.
Esta orden significó un revés importante para los planes del presidente y del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), liderado por el magnate Elon Musk.
“Todo ello sobre la base de la extraordinaria opinión de que el presidente carece de autoridad para ordenar a las agencias ejecutivas cómo ejercer sus poderes estatutarios para llevar a cabo acciones de personal a gran escala dentro del poder ejecutivo”, denunció Sauer.
La petición menciona a los líderes de los departamentos y de las agencias implicadas y en ella el Gobierno reclama su poder para “planificar reducciones de personal siguiendo instrucciones presidenciales”.
La jueza federal, sin embargo, no negó al Ejecutivo la posibilidad de reducir la plantilla federal, sino que le exigió documentación para que esta se llevara a cabo de forma legal. De hecho, recordó la necesidad de contar con la aprobación del Congreso en reformas de mayor escala.
Por su parte, Trump cargó contra el Alto Tribunal en su red social, Truth Social, unos minutos antes de que se conociera la petición.
“El Tribunal Supremo está siendo manipulado por los perdedores de la izquierda radical que no tienen apoyo, a los que el público odia y cuya única esperanza es la intimidación del propio tribunal. ¡No podemos permitir que esto le ocurra a nuestro país!”, publicó.
Este mensaje llega un día después de que se celebrara una audiencia por la vía rápida sobre el derecho a la ciudadanía por nacimiento que él ordenó limitar y por el que libra una guerra con los tribunales inferiores que, según algunos expertos, podría durar años.
En ambos casos se puede observar una estrategia común de la Administración estadounidense: saltarse el procedimiento ordinario del sistema judicial y llegar directamente al Supremo, donde hay una mayoría conservadora.