San Antonio (EE.UU.), 22 may (EFE).- El Gobierno del presidente Donald Trump está buscando eliminar un acuerdo judicial, logrado hace más de 25 años, que obliga a las autoridades a ofrecerles protecciones a los menores migrantes que están bajo custodia federal.
Con un recurso presentado hoy ante un tribunal en California, la Administración republicana pide que se elimine “por completo” el llamado “acuerdo Flores” que desde 1997 establece normas mínimas para el trato de menores migrantes.
Entre ellas, garantizarles un acceso a servicios de salud y educación, mantenerlos en instalaciones que tengan una licencia para cuidar a menores de edad y liberarlos rápidamente a un familiar o representante legal.
El pacto legal también ha permitido a los abogados defensores de los inmigrantes sacar a la luz los retos que enfrentan los menores bajo custodia federal, incluidos niños que ingresan a EE.UU. acompañados de un familiar o tutor legal.
En el documento presentado hoy, el Gobierno de Trump alega que el acuerdo no le permite implementar las políticas migratorias que quisiera e impone la voluntad del judicial por encima del ejecutivo.
En concreto, los abogados del gobierno culpan al acuerdo Flores de haber “cambiado el panorama migratorio” al quitar algunos factores que disuadían a las familias de entrar de manera irregular a EE.UU.
A su vez, señala que las condiciones en los centros de detención para migrantes han mejorado “sustancialmente” desde que el acuerdo se firmó.
Esta es la segunda vez que Trump intenta levantar las protecciones a los menores migrantes: un intento para disolver este acuerdo durante su primer mandato (2017-2021) fue parado por un tribunal de apelaciones.
Una solicitud similar hizo la Administración de Barack Obama (2009-2017) tras el aumento de niños solos que ingresaron al país en 2014.
El acuerdo lleva el nombre de Jenny Flores, una menor de quince años que huyó de la guerra civil en El Salvador y tras cruzar la frontera en 1985, enfrentó un duro trato por las autoridades migratorias, que incluyó un registro al desnudo y estar encerrada en un centro juvenil durante meses sin educación, recreación y otros apoyos mientras esperaba la deportación.
La expulsión se logró evitar después de que la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) y otras organizaciones demandaran al Gobierno estadounidense y comenzara un litigo que cobijó a todos los niños y derivó en el acuerdo.