Washington, 8 nov (EFE).- Representantes del gobierno del actual presidente estadounidense, Joe Biden, mostraron este miércoles en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) su compromiso para “proteger el acceso a la salud reproductiva” en el país ante una oposición “sin precedentes”.
Así lo han asegurado ante asociaciones en favor de los derechos humanos y reproductivos como Abortion Care Network, Centro por los Derechos Reproductivos o Global Justice Center en una audiencia pública sobre el acceso al aborto en Estados Unidos durante el 188 Período de Sesiones organizado por la CIDH en Washington.
La Corte Suprema de Estados Unidos eliminó el derecho constitucional al aborto en junio de 2022 y, desde entonces, “el ejercicio de los derechos humanos fundamentales a la salud reproductiva depende del lugar de vivienda y del acceso a a los recursos de cada individuo”, denunciaron en la sesión los colectivos invitados.
La audiencia coincide con victorias clave del Partido Demócrata el pasado martes en las elecciones estatales en Ohio, Virginia y Kentucky, después de que los demócratas se abanderasen del movimiento a favor del acceso al aborto tras el mencionado fallo de la Corte Suprema y lo posicionasen como tema central en dichos comicios.
En este contexto, una representante del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos (HHS) aseguró en la sesión que, aunque muchos estados traten de restringir la atención al aborto, existen “leyes federales que protegen el acceso de las personas a los servicios críticos de atención a la salud reproductiva” y que la administración seguirá trabajando para garantizarlos.
Pero las organizaciones presentes quieren que el derecho y el acceso al aborto sea “legal, efectivo, seguro y confidencial” -de acuerdo con las observaciones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU- en todos los estados del país y así lo pidieron a la CIDH.
Además, las asociaciones también solicitaron a la CIDH que pida a Estados Unidos acabar con la criminalización y la penalización del aborto eliminándolo del código penal.
Así como que el país aumente los esfuerzos para reducir la discriminación de acceso a los derechos reproductivos y que refuerce la protección jurídica a aquellas personas que han sufrido violaciones de su autonomía reproductiva.
Unas medidas que la directora ejecutiva del colectivo SisterSong, Monica Simpson, consideró necesarias debido a que, como señaló, las barreras a un aborto libre obligan a seguir con embarazos de riesgo y a abortar de formas inseguras y afirmó que, a consecuencia, “los Estados Unidos tienen la cifra de mortalidad materna más alta entre los países desarrollados”.
La comisionada de la CIDH de Derechos Humanos, Julissa Mantilla Falcón, también respaldó las demandas y quiso concluir recordando que “no se puede hablar de democracia si hay grupos de la sociedad que no pueden decidir sobre su cuerpo”.