El expresidente Zuma pierde su pulso por apartar al fiscal del caso en el que se le acusa de corrupción

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SUDÁFRICA CORRUPCIÓN

Johannesburgo, 26 oct (EFE).- La Justicia sudafricana falló hoy en contra del expresidente sudafricano Jacob Zuma en su intento de recusar al fiscal del juicio en el que se le acusa de corrupción en relación un acuerdo de armas presuntamente fraudulento firmado a finales de la década de 1990.

Durante una audiencia celebrada este martes en el Tribunal Superior de Pietermaritzburg (en el este de Sudáfrica), el juez Piet Koen rechazó, en un veredicto de 187 páginas, los argumentos expuestos por la defensa en contra del fiscal que encabeza la acusación pública, Billy Downer, a quien acusaban de tener prejuicios contra Zuma.

En concreto, el magistrado sudafricano consideró que las razones utilizadas por los abogados de Zuma para argumentar que el expresidente no tendría un juicio justo si se mantenía a Downer en la causa eran “especulaciones o sospechas” que se basan en “habladurías inadmisibles” como pruebas.

Además de rechazar la recusación de Downer, el juez Koen dictaminó también que Zuma deberá ser examinado por un equipo médico designado por el Estado -algo a lo que la defensa se negaba-, después de que el expresidente alegara en audiencias previas su mala salud para no comparecer ante el tribunal.

Tras estos reveses para la estrategia de Zuma, las partes acordaron que la próxima vista de esta causa se celebre el 11 de abril de 2022, fecha en la que se espera que el juicio en sí -que debería haber empezado a desarrollarse en mayo pasado tras más de dos años de trámites preliminares y de retrasos por la pandemia de covid-19- arranque finalmente.

No obstante, en paralelo a esta petición de recusación, Zuma interpuso la semana pasada una denuncia contra el propio Downer en la que le acusó de haber filtrado su información médica a la prensa.

LAS ACUSACIONES CONTRA ZUMA

En el juicio del acuerdo de armas, a Zuma se le imputan cargos de asociación ilícita, corrupción, lavado de dinero y fraude en relación a un acuerdo de millonario firmado a finales de la década de 1990 con la empresa francesa Thales.

En concreto, al expresidente se le acusa de haber recibido sobornos millonarios con la intermediación de un asesor financiero.

En paralelo a esta causa, Zuma es el centro de una gran investigación, conocida como la “Captura del Estado”, que estudia la presunta extensa corrupción que se adueñó del aparato público sudafricano mientras él fue presidente (2009-2018).

Como Zuma achaca todas las acusaciones a una persecución en su contra por motivos políticos, el exmandatario se negó reiteradamente a cumplir con sus citaciones judiciales a declarar en el marco de esa investigación, lo que ocasionó que el Tribunal Constitucional sudafricano le condenara en junio pasado a 15 meses de cárcel por desacato.

El expresidente ingresó en prisión a comienzos de julio y, sólo unos días después, se desataron en Sudáfrica disturbios y saqueos masivos que, si bien empezaron como protestas de apoyo al expresidente, degeneraron en violencia general, espoleada por los graves problemas socioeconómicos del país.

El pasado 5 de septiembre, pese a llevar sólo unos dos meses de cárcel cumplidos, al expresidente se le otorgó una polémica libertad condicional por motivos de salud cuyos detalles no se hicieron públicos. EFE

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