Miami, 17 jul (EFE).- Un juez de EE.UU. despojó de la ciudadanía estadounidense al ex teniente chileno Pedro Barrientos, quien en 2016 había sido hallado “responsable” en una corte de Florida de la tortura y el asesinato extrajudicial en 1973 del cantautor Víctor Jara en un caso civil.
Según los documentos judiciales, el juez Roy Dalton, del Distrito Central de Florida, despojó de la ciudadanía a Barrientos por su papel en la muerte del cantante folclórico.
“Se revoca la naturalización del demandado Pedro Pablo Barrientos y se cancela el Certificado de Naturalización (…) emitido al demandado, con vigencia a partir de la fecha original de su naturalización, 17 de diciembre de 2010”, escribió el juez Dalton.
Barrientos adquirió de forma ilegal la ciudadanía porque carecía de buen carácter moral al cometer actos ilegales, dar falso testimonio y participar en ejecuciones extrajudiciales, según el expediente judicial.
En 2016 un jurado de un tribunal federal en Orlando había responsabilizado al exmilitar de la muerte de Jara tras una demanda presentada por la esposa del cantante, Joan, y sus dos hijas, Manuela Bunster y Amanda.
El jurado pidió en 2016 al exmilitar chileno el pago de una compensación millonaria por daños y perjuicios para la familia Jara.
Los hechos sucedieron en el Estadio Chile, convertido en un centro de detención y tortura al comienzo de la dictadura del general Augusto Pinochet.
Según los documentos judiciales, el ex militar ingresó a Estados Unidos en julio de 1990 con una visa de visitante y siete años después se casó con una ciudadana estadounidense.
Barrientos contestó en los trámites migratorias, entre ellos los de residencia permanente y ciudadanía, que no había estado vinculado a ninguna organización política ni servicio militar.
Igualmente negó que había participado en algún genocidio o el asesinato de cualquier persona por motivos de raza, religión, nacionalidad, origen étnico u opinión política.
La demanda civil fue presentada en 2013 por el Centro de Justicia y Responsabilidad (CJA), con sede en San Francisco, bajo la ley de protección de víctimas de tortura de 1991.
Desde entonces, la familia ha presionado también para que Barrientos sea extraditado a Chile.