El Constitucional polaco apoya el relevo del Defensor del Pueblo que pide Varsovia

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POLONIA JUSTICIA

Cracovia (Polonia), 15 abr (EFE).- El Tribunal Constitucional polaco declaró este jueves inconstitucional la prórroga del mandato del actual Defensor del Pueblo y reactivó así el proceso de relevo en esta alta instancia sobre la que presiona el Gobierno.

El Constitucional votó por unanimidad contra la disposición que permitió al Defensor del Pueblo y los Derechos Humanos, Adam Bodnar, seguir desempeñando sus funciones una vez concluido su mandato de cinco años, en septiembre del año pasado.

La permanencia de Bodnar en su puesto se extendió al no haberse alcanzado ningún acuerdo para nombrar a un nuevo comisionado, pero el Gobierno ha venido presionando en los últimos meses para sustituirle.

En el escrito remitido al TC, el Fiscal General del Estado y también ministro de Justicia, Zbigniew Ziobro, se quejaba de que “las razones pragmáticas no pueden justificar la elusión de los rigores constitucionales”, e instaba al Tribunal a pronunciarse sobre la continuidad de Bodnar.

En las sesiones previas a la sentencia, el Defensor del Pueblo adujo que según la ley se le permite “desempeñar sus funciones hasta el nombramiento de un sucesor”, y que la presión del Gobierno para forzar su sucesión le hace preguntarse si “es la institución (del Defensor del Pueblo y los Derechos Humanos) o la persona del propio Defensor” lo que preocupa al Gobierno.

El TC que ha fallado contra la prórroga de Bodnar está presidido por Julia Przylebska, quien fue elegida directamente por el Presidente Andrzej Duda en 2016, en lugar de ser elegida por jueces del propio Tribunal, como señala la Constitución.

En el transcurso de la sesión del miércoles, Przylebska instó a Bodnar a que se dirigiese al Tribunal como “Tribunal Superior”, en vez de simplemente “señorías”.

Durante su gestión, Bodnar ha tomado varias decisiones contrarias a la política del Ejecutivo, como el bloqueo de la venta de un importante grupo de comunicación a una empresa estatal esta semana, además de criticar la reforma judicial del PiS (partido en el Gobierno), sus cambios legislativos que limitan el derecho al aborto y la represión policial contra las protestas ciudadanas.

Por su parte, el Gobierno ha boicoteado el mandato de Bodnar, obligándole por ejemplo a presentar su informe anual de actividades en el Congreso un cuarto de hora antes de la medianoche del último día del plazo designado para ello.

El nuevo Defensor deberá superar sendas votaciones en el Congreso y el Senado, pero dado que el Gobierno sólo tiene mayoría en la Cámara Baja y es la oposición quien controla la Cámara Alta, en las tres ocasiones en que se han presentado candidatos hasta ahora se ha producido un bloqueo.